La declaratoria de inconstitucionalidad de la Suprema Corte de Justicia de la Nación del “decretazo” del presidente López Obrador, publicado el 22 de noviembre de 2021 en el Diario Oficial de la Federación que declaró como de interés público y seguridad nacional “la realización de proyectos y obras a cargo del Gobierno de México considerados como prioritarios y/o estratégicos para el desarrollo nacional” fue un tremendo revés para el gobierno de la opacidad empeñado a invertir en lo oscurito, sin rendición de cuentas en clara violación a la Constitución y de acceso a la información como derecho humano.
Con ocho votos a favor de la inconstitucionalidad, los ministros de la SCJN dieron por sentado la “ambigüedad” del decreto para que cualquier información relativa a las megaobras pudiera ser considerada como reservada contraviniendo facultades del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) para delimitar los alcances de la seguridad nacional y el interés público, en cuanto a la transparencia y el acceso a la información pública a la cual todos tenemos derecho.
En resumen, tal decreto integraba un régimen de “autorizaciones administrativas excepcional” de carácter lesivo y regresivo en el que se volvía al régimen de opacidades donde nadie sabía el destino de los recursos haciendo omisa la obligación de las autoridades de garantizar el efectivo derecho a saber de la ciudadanía.
Lo anterior provocó, desde luego, el consabido discurso del presidente denotando su furia y enojo atizando la polarización. En su obstinación y suscitando la ilegalidad, con artimañas y argucias, expidió otro decreto con los mismos efectos, pero delimitando las obras de infraestructura para protegerlas en el conveniente velo de la opacidad.
Y, sin duda, el escalamiento de un conflicto y choque frontal entre Poderes. Echando a todos en el mismo costal, AMLO califica de “insensatos, irresponsables, corruptos, y antipatriotas”, a todos los que “pueden pararnos las obras”, quienes, según los delirios presidenciales, actúan bajo un entramado conspirativo en el que está metido hasta el dinero de Estados Unidos. Sobre todo, López Obrador la ha emprendió contra el Poder Judicial, el cual, según su dicho, está “completamente en contra de nosotros y de la transformación del país, que forma parte también del mismo grupo conservador y corrupto”.
Una de las características del gobierno ha sido una efectiva manipulación de la realidad alcanzando niveles preocupantes. México ya vivió un régimen sumido en el autoritarismo que privilegió el progreso por encima de las garantías y derechos que son muros de contención para impedir los abusos y arbitrariedades consumando la voluntad de un solo hombre en un hiperpresidencialismo dictatorial, corrupto y nepotista
AMLO y su gobierno han propiciado una corrupción mayor bajo la máscara del impoluto líder. Un sistema que cree que el dinero público es de su propiedad particular para administrarlo bajo los criterios de la secrecía y de la opacidad propios de gobiernos autoritarios sostenidos por la alarmante extensión del poder militar. Se han entregado millonarios recursos a una obra que ya se considera como un barril sin fondo: 143,073.3 millones de pesos en el 2023 representando un incremento real del 116.5%, el doble de los 74,000 millones de pesos de otro elefante blanco, el aeropuerto internacional Felipe Ángeles.
AMLO prepara un camino en la sucesión que se vislumbra como la consumación del poder más autoritario y desquiciante de los derechos humanos. No se descubre nada nuevo. Como en tiempos de Don Porfirio, la Constitución es un instrumento que estorba; el equilibro entre poderes, un dique que debe dinamitarse. Sin duda, es un momento decisivo para México. Elegir entre un sistema democrático y constitucional de control y de derechos o perpetuar la corrupción de un sistema, el del autoritarismo que, poco a poco, llegará, incluso, a someter las libertades más personales de cada ciudadano.
