Al finalizar el segundo período ordinario del segundo año de la LXV Legislatura, pocos han advertido lo inédito de las últimas horas de trabajo parlamentario por la que, en fast track, lo ilícito fue regla y la opacidad, estrategia para imponer un cúmulo de reformas ni los legisladores conocían.
Resumir en pocas líneas las largas e intensas jornadas, debería sintetizarse en una palabra: Ilegalidad. Sin el mínimo acato de la ley y de la Constitución, las Cámaras del Congreso de la Unión aprobaron una serie de leyes en fast track que extinguirán organismos, acabarán con el desarrollo de la ciencia y de la tecnología, modificarán el uso y aprovechamiento del espacio aéreo, entregarán facultades discrecionales al Poder Ejecutivo, además de disponer de recursos de actividades como el turismo para ser engullidos por empresas paraestatales o bien modificar la forma de venta de los bienes nacionales y las contrataciones públicas bajo el velo de la absoluta opacidad.
Lo grave del asunto es cómo el Poder Legislativo avaló reformas urgentes para el presidente de la República. Una selecta carta de cambios que propicia el autoritarismo sin controles políticos. Además, la gravedad de esta situación encumbra a los militares en una preocupante posición que les entregará la administración de recursos sin rendición de cuentas o bien el manejo del espacio aéreo con discrecionalidad absoluta.
Tal parece que el presidente de la República tiene prisa en ejecutar la destrucción de las instituciones bajo el maniqueo, sofista y eufemístico término de transformación. Su proyecto de nación implica, en definitiva, el fracaso de un estado de bienestar que busca regresar a un modelo quizá peor al detentado por el PRI en los tiempos del autoritarismo más reacio y salvaje. Con MORENA, se prepara un camino absoluto donde el poder militar será un brazo ejecutor interviniendo en asuntos civiles provocando un flagrante abuso de poder violatorio del texto constitucional.
No hay cabida para el diálogo ni para aceptar visiones distintas. Maniqueísmo político que acepta avalar disposiciones secundarias sin importar los principios de la Constitución. ¡Qué actualidad cobra la historica protesta de Ricardo Flores Magón! En 1903 colgó en la fachada del edificio de El Hijo del Ahuizoteaquella sentencia: “¡La Constitución ha muerto!”, paradigma de que la Ley Fundamental era simple texto manipulado al antojo del régimen autoritario de aquel entonces y que, ahora, es desdeñado por la mal llamada transformación.
Mientras la carrera por la presidencia de la República es una lucha encarnizada por obtener el favor de supremo elector, el descarrilamiento de las instituciones obedece al capricho de una idea de gobierno que busca acomodarse en el autoritarismo del pasado con una peligrosa y preocupante visión de militarismo suave. La historia enseña que el agua sube hasta llegar al cuello para ver que lo que ahora se ha dado a los militares pronto podría impactar en la vida de millones de civiles.
México está sumamente polarizado y enfrascado en luchas que han descuidado otros retos para nuestro desarrollo. La civilidad política está maltrecha. Recuperar el equilibrio entre poderes es cosa urgente, pero no hay fuerza suficiente en la oposición mientras las mayorías parlamentarias actúan como verdaderas pandillas a las órdenes de capos políticos y mafiosos de partido. Su proceder es ilícito, pero cubierto de legitimidad, misma que patrocina un golpe de estado de terciopelo con muchas consecuencias para todos los mexicanos.
