El Observatorio “Ciudadanía Católica y Análisis Social” de la Conferencia del Episcopado Mexicano, a través del documento “La visión del presidente sobre el INE y las elecciones en México”, hace un duro juicio de la actual polarización por el desmantelamiento del Instituto Nacional Electoral (INE) debido a la reforma conocida como el Plan B del gobierno de López Obrador, cambios que, a juicio de los opositores, es claramente anticonstitucional.
De acuerdo con el Observatorio, López Obrador mantiene una visión personal anclada en el pasado donde el fraude era el típico modo para hacerse del poder simulando las elecciones. Asegura que el presidente “tiene una visión particular y muy personal sobre las instituciones electorales y la celebración de elecciones en México” y añade que, a pesa de haber competido en varias ocasiones como candidato, “no concede en ningún momento, con un mínimo de congruencia y generosidad, un reconocimiento al IFE y al INE por el hecho de haber ganado para la Jefatura de Gobierno del D.F. ni el haber ganado en la última contienda la Presidencia de la República”.
El Plan B, consistente en las modificaciones a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la General de Partidos Políticos, la Orgánica del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral, entró en vigor este viernes 3 de marzo. En consecuencia, se prevé un alud de impugnaciones que deberán resolverse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las modificaciones, dice el Observatorio, van a “destazar al INE”, quitándole facultades legales, recursos económicos muy importantes y despidiendo a muchos trabajadores que son personal profesional especializado para la organización de las elecciones.
Después de su aprobación por el senado de la República, el 22 de febrero, una multitudinaria concentración ciudadana se reunió el domingo 26 de febrero demostrando el claro repudio de estas lesivas reformas que pondrán en riesgo la imparcialidad de los procesos electorales. Su entrada en vigor, “implica la desarticulación completa de la institución electoral, en tanto que afecta al Padrón Electoral y la correspondiente Lista Nominal” dice el Observatorio advirtiendo que “la reducción de las Juntas Distritales implica el recorte del 84% del Servicio Profesional Electoral Nacional que capacita a funcionarios y ciudadanos para que las casillas funcionen correctamente”.
El documento de “Ciudadanía Católica y Análisis Social” asegura que el llamado Plan B, para algunos con “V” de venganza, “salió de las oficinas de la Secretaría de Gobernación, cuyo titular, Adán Augusto López, es absolutamente incondicional del presidente López Obrador”; sin embargo, la autoría no es lo importante, el órgano de la CEM señala algo más grave: se estaría abriendo “la puerta a la operación del narco en muchas regiones del país, como ya ocurrió en las elecciones del año 2021”.
Al final, López Obrador quiere el control absoluto de los procesos electorales y no se detendrá en su propósito. Y recuerda que la sociedad civil organizada ha marchado “contra el engendro de reforma electoral”. El Observatorio urgió a la ciudadanía a mantenerse “informada, participativa y comprometida”, que sea “robusta” para interactuar con los partidos políticos de oposición. Pidió, además, “unidad en torno a una causa común, defender la democracia y las libertades en México”.
El documento completo puede leerse aquí.
