Han pasado más de 150 días desde el artero crimen de los padres Morita y Gallo, jesuitas de la Tarahumara que causó revuelo internacional e indignación y el tiempo ha sido el mejor aliado en el olvido de estos dos crímenes aun impunes, mientras la inseguridad e incertidumbre campean en esa remota localidad.
No obstante, las jornadas mensuales de oración promovidas por la provincia jesuita de México, la Conferencia del Episcopado Mexicano y los religiosos de México, el último el pasado 20 de noviembre dedicada a la erradicación de la corrupción del sistema judicial, la misma Compañía de Jesús denuncia, a través de un comunicado, la prevalencia de la inseguridad asegurando, además, que persiste el miedo “de que la situación quede en el olvido y de que el perpetrador regrese a la zona”.
Mientras no se detenga al autor de los crímenes, no se podrá hablar de paz ni de reconciliación al insistir en el llamado “a los diferentes niveles de gobierno para continuar con la seguridad en el territorio serrano, para avanzar hacia la justicia que tanto añoran las comunidades”.
El 17 de octubre, otro comunicado de la provincia mexicana de la Compañía de Jesús denunció los calificativos de militares al Centro Pro como “grupo de presión”, lamentando el “monitoreo intensivo” al haber salido a la luz diversos documentos militares en los que hay “referencia a la labor del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez”.
Además, los jesuitas no ocultaron su indignación por el contenido de los documentos militares relacionados con el caso de Cerocahui. A juicio de la provincia jesuita, los documentos indicarían que el Estado mexicano identificó, con antelación, las actividades delictivas en la sierra Tarahumara de quien a la postre perpetraría el homicidio de nuestros hermanos Joaquín Mora y Javier Campos, mismo que a más de cien días sigue impune”, asegurando que, de haberse atendido estos hechos, se hubieran impedido los asesinatos; sin embargo, los documentos afirman que se dieron “instrucciones para monitorear las declaraciones públicas de las autoridades eclesiásticas presentes en la zona, con el fin de evaluar si eran críticas contra el actual gobierno”.
Para los jesuitas, sería muy grave que la inteligencia militar esté usada como aparato de control y monitoreo de las declaraciones de los clérigos en lugar de concentrarse en localizar al perpetrador de los asesinatos.
“Los jesuitas en México seguiremos exigiendo paz y justicia. Damos testimonio de la labor legítima de nuestra obra social, Centro Prodh, quien ha contribuido – como invita al Papa Francisco – “con coraje y determinación” en la defensa, promoción y difusión de los derechos humanos. Continuaremos haciendo oír nuestra voz, siempre tan respetuosa como firme, para impulsar la reconciliación del país”, concluye el comunicado.
