Con la aprobación del aborto legal hasta la doceava semana, Quintana Roo decide unirse a la Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Baja California, Coahuila, Colima, Guerrero, Baja California Sur y Sinaloa, entidades que, conforme a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de septiembre de 2021, consideraron anticonstitucional criminalizar al aborto de manera absoluta, determinando necesario “garantizar” el derecho de las mujeres y personas gestantes a decidir sin consecuencias penales.
Quintana Roo es la undécima entidad de este dominó, ejemplo de que la fortaleza no se toma en un ataque frontal, sino ladrillo por ladrillo, a través de argucias y trampas de las mayorías legislativas. El estado se amaneció con la noticia, como un ladrón en la noche que entró a casa sin que nadie ofreciera resistencia alguna, lo que podría ser emulado en otros estados en donde las mayorías especialmente encabezadas por MORENA, darían otras sorpresas para legalizar el aborto.
Pero la lucha contra el aborto no ha sido la única cuestión. Las entidades federativas han reconocido las uniones del mismo sexo equiparándolas al matrimonio. En junio de 2016, se recordará cómo en el sexenio de Enrique Peña Nieto se presentaron una serie de iniciativas para establecer en la Constitución el “derecho” a contraer matrimonio, independientemente de la identidad de género o preferencia sexual, en acato a las sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando en 2015 determinó que prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo es discriminatorio.
Tales propuestas fueron criticadas puesto que al presidente le urgían temas que le llevaran a alzar su popularidad en medio del descrédito por las graves circunstancias por las que atravesaba el país. En esa ocasión hubo férrea oposición haciendo que las reformas de Peña Nieto naufragaran debido a la amplia movilización de grupos provida y profamilia, asociados a la Iglesia católica y otras denominaciones religiosas. Fue un triunfo que consideró que la familia y la unión entre un hombre y mujer eran lo que el pueblo de México exigía paralizando la agenda de los derechos LGBT.
Bastaron cinco años para que Tamaulipas se convirtiera en la última entidad que modificara su legislación para tener a esas uniones como verdadero matrimonio. Inédito, además, porque no se trató de iniciativa proveniente de la izquierda sino de una legisladora del Partido Acción Nacional, instituto político cuyos principios de doctrina del 2002 reconocen “plenamente las consecuencias prácticas de la común dignidad de las mujeres y hombres y de su común carácter de sujetos y agentes responsables y colaboradores en la construcción, animación y dirección de la sociedad”.
Lo que sigue es previsible. Se estaría ultimando un dictamen en Cámara de Diputados de reformas en torno a la igualdad, no discriminación, derechos sexuales y reproductivos, libre desarrollo de personalidad y perspectiva de género. Un amplio catálogo que sólo refrendaría lo introducido en legislaciones y constituciones locales: la ideología de género, la agenda del colectivo LGBT y el aborto como “derecho reproductivo”.
Sin duda, lo sucedido en Tamaulipas y Quintana Roo son cambios consolidados por la agenda de izquierda con avances sin precedentes. Lo anterior propiciado por la desarticulación de los sectores provida y profamilia que, por el contrario, están paralizados respondiendo con actos colectivos sin impacto permanente alguno. A la par, los líderes eclesiásticos han mostrado tímidas respuestas circunscritas a declaraciones y comunicados de prensa que, rápidamente, se diluyen en la avalancha informativa. Esa tibieza tampoco pasa desapercibida. Y pronto veremos reformas radicales que serán un golpe frontal a la vida y a la familia en lo que parece un imparable avance de la cultura de la muerte auspiciada por la agenda de la izquierda “progresista”.
