La cruz de Ribalta parece que no va a conseguir finalmente sobrevivir a los embates de sus enemigos y será cambiada de sitio. Este mismo miércoles, en la localidad de Castellón de la Plana (Comunidad Valenciana) comenzaron los trabajos para su traslado. La libertad religiosa en España sufre un nuevo varapalo y el odio a la fe parece que se extendie desde las propias instituciones. Cualquier símbolo religioso en un espacio público puede convertirse en objeto de polémica.
Después de años de una intensa batalla judicial, la cruz deberá ser trasladada por orden de la Justicia y en cumplimiento de la ley de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana, aprobada en el año 2017. El Gobierno tripartito de PSOE, Compromis y Podemos, que gobierna la localida de Ribalta con la alcaldía para los socialistas, ha sido el más interesado en que así finalmente ocurriera. Durante seis semanas se trabajará para trasladar la Cruz a la explanada de la iglesia de Santo Tomás de Villanueva, un espacio cedido por la diócesis.
«Resignificada» en 1979
Era marzo de 2017, cuando la asociación Amics del Ribalta solicitó al Ayuntamiento la retirada de la Cruz. Desde aquel día se ha venido sucediendo una serie de batallas judiciales que terminan ahora, presumiblemente, con su cambio de localización. «Resignificada» en el año 1979 como símbolo de concordia, convivencia, libertad y recuerdo, la cruz fue construida en 1944.
Nada ha bastado para detener este odio a los símbolos religiosos de los propios castellonenses. La Plataforma de Defensa de la Cruz, en abril de 2018, entregó 17.000 firmas, pero el pleno municipal votó a favor de la eliminación de la Cruz del parque Ribalta. Por su parte, la Fundación Española Abogados Cristianos ha mantenido una decidida batalla judicial durante estos últimos cuatro años, que, a día de hoy, es firme en continuar.
De hecho, el decreto de retirada de la Cruz del Ribalta, firmado por la concejal de Cultura y Memoria Democrática, Verónica Ruiz, se tradujo hace tiempo en una querella por prevaricación, interpuesta por la asociación, a la que se suma ahora, ‘in extremis’ la misma acusación contra Pilar Escuder, responsable municipal de Patrimonio.
Abogados Cristianos ha solicitado, además, ‘in extremis’ a la Justicia la paralización del derribo de la Cruz, por la vía urgente, alegando que la retirada constituye una vulneración del derecho a la libertad religiosa. Durante el primer día de trabajos de retirada de la Cruz se vivieron ciertos momentos de tensión entre partidarios y detractores.
La presidenta de la asociación, Polonia Castellanos, realizó este miércoles un llamamiento ante los medios apelando a los partidos políticos: «No sólo en el periodo de elecciones sino también en estos momentos es cuando se demuestra si realmente los partidos políticos defienden a todos, y con ello también defienden a los cristianos y defienden nuestros símbolos religiosos».
Viernes 5 de agosto de 2022.
ReL.
