En enero de 2019, el gobernador demócrata de Nueva York, Andrew Cuomo, firmaba entre carcajadas la ley que permite abortar hasta el momento anterior al nacimiento. Lo mismo que ha aprobado hace escasas fechas la Asamblea Nacional francesa. Es una práctica que apoyan sin fisuras Joe Biden y Kamala Harris, integrantes del ticket que aspira a arrebatar la Casa Blanca a los provida Donald Trump y Mike Pence.
Traspasar la línea del momento anterior al parto al momento posterior no es difícil. Hace un año, el gobernador demócrata de Virginia, Ralph Northam, neurocirujano pediátrico, levantó una gran polémica en su país al mostrarse partidario de que los niños nacidos con graves anomalías pudiesen ser asesinados tras «una conversación entre los médicos y la madre».
La insinuación de legalizar el infanticidio estaba ya, pues, lanzada sobre la mesa con el acostumbrado argumento compasivo. Y contaría con un apoyo fundamental: los aborteros, llamados a ser los primeros ejecutores que normalicen el caso.
Según un estudio publicado el 2 de agosto en Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica, el 89,1% de los aborteros de Flandes (Bélgica) considerarían aceptable suministrar a determinados neonatos una inyección letal.
La investigación se llevó a cabo entre médicos y enfermeros de los ocho centros flamencos que cuentan con una Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales, para el caso de diagnósticos de malformaciones congénitas en los estadios tardíos de la gestación, e incluso tras el alumbramiento. Se hizo entre sanitarios que habitualmente llevan a cabo los abortos tardíos.
Respondieron a la encuesta el 79% de los profesionales a quienes se dirigió, un 51,1% de médicos y un 49,9% de personal de enfermería y auxiliar.
En cuanto al aborto tardío (últimas semanas de embarazo), eran partidarios, en caso de patología letal del feto, el 100% de los encuestados, y el 95,6% en caso de patología grave pero no letal.
Aun tratándose de un estadio gestacional en el que el feto ya es viable, un 19,8% eran partidarios de matar al niño en caso de «problemas psicológicos» de la madre, y un 13,2% en caso de «problemas socioeconómicos».
El dato más revelador de la investigación es que el 89,1% de los encuestados están de acuerdo en que, en caso de grave pero no letal patología neonatal (es decir, diagnosticada tras el parto), es «aceptable» administrar al bebé ya nacido un fármaco «con la intención explícita de acabar con su vida».
Si esa patología grave no letal se descubre en los estadios tardíos del embarazo, el 68,1% de los médicos y el 53,2% de los enfermeros prefieren el feticidio a los cuidados paliativosneonatales.
