La semana que viene se reanudará en el Vaticano el (bañado) camino del maxi juicio por el famoso edificio londinense, pero ya se vislumbran varios problemas en el horizonte. El financiero suizo Enrico Crasso -a través de una demanda de nulidad contemplado en el derecho de defensa- dio a conocer que no comparecerá el 28 de abril al interrogatorio fijado por el presidente de la Corte, Giuseppe Pignatone.
¿La razón? Está ligado a que a la fecha, a pesar de todas las reiteradas solicitudes a la Promotora de Justicia para poder acceder a los documentos incautados para poder defenderse, han caído en saco roto. En la práctica, Craso -el financiero en el que confiaba la Santa Sede para la administración de los fondos reservados de la Secretaría de Estado- pidió verificar la correspondencia contenida en su ordenador personal que había sido confiscado hace dos años.
Su defensor Luigi Panella explicó que es superfluo señalar que la elección del Promotor de Justicia de no depositar en el registro la computadora confiscada, como lo preveía el ordenamiento jurídico, “perjudicó gravemente cualquier perspectiva de averiguación de la verdad en los hechos”. El vulnus del derecho de defensa de Craso obviamente no se limita a la preparación de su interrogatorio, sino que se extiende a todas las actividades defensivas que le conciernen, incluyendo, a modo de ejemplo, el interrogatorio de los demás acusados y testigos, el asesoramiento técnico y incluso la discusión final. En resumen, toda la defensa de Craso en el presente juicio está seriamente comprometida”, se lee en el documento.
En consecuencia, el financiero no tiene intención de presentarse en el Vaticano hasta que «se vulneren sus derechos de defensa». El tema del debido proceso ha sido planteado varias veces en los últimos meses por todas las defensas. El Promotor de Justicia, Alessandro Diddi, cuestionado directamente por el Presidente de la Corte, informó en la sala que le corresponde decidir qué depositar o no, con tranquilidad de todos. El Papa Francisco, a través de cuatro diferentes Rescripta -intervenciones reglamentarias-, de hecho, ha extendido el poder de decisión del Promotor fuera de las leyes del Vaticano en vigor.
En enero, la Procuraduría de Justicia -después de haber rechazado otra invitación del Presidente de la Corte para aportar la documentación solicitada- explicó en una memoria de tres páginas (firmada por Alessandro Diddi, Roberto Zanotti, Gianluca Peronei) las razones por lo que no tuvo intención de hacerlo: “La copia entregada a las partes reproduce íntegramente el compendio documental producido en el proceso y correspondiente al material utilizado para los efectos del juicio”, se lee en el comunicado. En la práctica, el material liberado es sólo una pequeña parte del incautado, una especie de síntesis pero no la integral. Incluso el presidente del Tribunal de Pignatone había señalado que de esos 250 objetos informáticos incautados (y aún guardados en una caja fuerte) se habían puesto a disposición «sólo copias parciales».
En el corazón del proceso maxi está la enredada historia de la inversión de la Secretaría de Estado. Hay diez acusados en el juicio (incluidos funcionarios de la Secretaría de Estado, financistas, un sacerdote y el cardenal Angelo Becciu) y cuatro empresas involucradas, y los cargos abarcan delitos distintos del fraude y la malversación. También se han constituido como partes civiles la Secretaría de Estado, la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, el Instituto de Obras Religiosas e incluso la Autoridad de Supervisión e Información Financiera.
El promotor de Justicia Alessandro Diddi ha planteado una estimación de las pérdidas en la inversión del edificio londinense de Sloane Avenue que ascendería a 217 millones de euros. El último presupuesto de la Curia romana señala, sin embargo, que la Santa Sede vendió la propiedad, ganando incluso un 10 por ciento más de lo esperado.
por Franca Giansoldati.
CIUDAD DEL VATICANO.
