El Tribunal de Casación del Estado de la Ciudad del Vaticano, integrado por los cardenales Dominique Mamberti, Leonardo Sandri y Giuseppe Versaldi, en la audiencia celebrada hoy 5 de marzo, confirmó la orden de decomiso preventivo de aproximadamente 25 millones de euros, ordenada el 9 de julio de 2020 por el Juez único y reafirmado el 21 de enero de 2021 por el Tribunal Vaticano, contra el abogado Gabriele Liuzzo, implicado, junto con Angelo Caloia y Lelio Scaletti, en el proceso de enajenación de los bienes inmuebles del Instituto para las Obras de Religión (IOR).
En enero del año pasado, Angelo Caloia y Gabriele Liuzzo, expresidente y exabogado del Instituto respectivamente, fueron condenados en primera instancia a 8 años y 11 meses de prisión por los delitos de peculado y peculado contra el IOR.
Paralelamente al juicio penal, la Promotora de Justicia, representada por Gian Piero Milano, Alessandro Diddi, Roberto Zannotti y Gianluca Perone, había iniciado el procedimiento para la aplicación del decomiso preventivo, medida incluida en el sistema vaticano con carácter de ley que entró en vigor en 2018 y que marcó la conclusión del proceso de adecuación de la legislación vaticana a los más modernos sistemas normativos para la prevención y represión de los bienes de procedencia ilícita. Con la sentencia de hoy, el Tribunal de Casación, al confirmar la labor de la Promotora, aplicó por primera vez las nuevas disposiciones.
Ambos procedimientos siguen una cuidadosa verificación interna que deseaba la nueva dirección del IOR, a la que siguió una denuncia ante la justicia vaticana, que el Instituto presentó debidamente para reaccionar ante los abusos sufridos y proteger el patrimonio de la Iglesia que administra. Las sumas confiscadas hoy ya han sido puestas a disposición judicial, habiendo sido ya objeto de incautaciones realizadas en los últimos años en el Vaticano y en la Confederación Suiza.
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