Se trata del obispo auxiliar de San Juan, Carlos María Domínguez, quien fue investigado en esa provincia.
Este sábado se conoció una misiva donde el obispo auxiliar de San Juan, Carlos María Domínguez, agradeció al papa Francisco el nombramiento como administrador apostólico de la diócesis de San Rafael, Mendoza.
En el comunicado queda de manifiesto que el obispo auxiliar fue designado por el Sumo Pontífice para realizar tareas pastorales en esta provincia.
Además, detalla que la semana que viene, más precisamente el 9 de febrero, viajará a San Rafael para llevar adelante “la misión encomendada”.
“Me encomiendo humildemente a las oraciones de todo el Pueblo de Dios para que pueda desempeñar este oficio con fidelidad y servir de corazón a la Iglesia que peregrina en San Rafael”, cerró.
Se trata del obispo que en agosto de 2021 estuvo envuelto en un escándalo judicial por una presunta estafa a un paciente mental sanjuanino, trama denunciada por Diario de Cuyo.
Los hijos de un jubilado con problemas psiquiátricos denunciaron que el Arzobispado realizó una operación comercial con una persona que no está en condiciones psíquicas por un inmueble en Caucete y que nunca apareció el dinero.
El caso se resolvió anulando la compra de la casa. No obstante, la causa penal continuó su curso.
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LOS ANTECEDENTES DE LA ACUSACIÓN DE ESTAFA:
Quedó sin efecto la compra polémica de una casa que hizo el Arzobispado en Caucete
Los hijos del vendedor denunciaron que su padre no estaba en sus cabales y que la Iglesia se aprovechó de esto. Pero las aguas se calmaron y las partes llegaron a un acuerdo que se conoció este viernes.
El obispo auxiliar Carlos María Domínguez figura como el comprador de la casa del hombre que sufre esquizofrenia / La casa en disputa. Foto archivo / Captura Google Maps.
Finalmente la compra de una casa en Caucete que trajo escándalo en San Juan tuvo fin. El Arzobispado de San Juan y el vendedor dejaron sin efecto la operación económica tras la denuncia que recayó en la Justicia a través de los hijos del propietario, que denunciaron que el hombre tenía enfermedades mentales y no estaba en sus cabales para realizar la venta.
El abogado Rubén Lloveras, que representa al Arzobispado de San Juan de Cuyo, confirmó a DIARIO HUARPE que se firmó un acuerdo con el letrado que representa a los hijos del vendedor, Leonardo Villalba. Las partes acordaron un pacto que se llama distracto. Ahora solo falta que ese documento se presente en el Registro General Inmobiliario para que el contrato de compra quede sin efecto.
El acuerdo al que se arribó a último momento hace referencia a que la Iglesia Católica sanjuanina da marcha atrás con la operación. De esta manera, la parte vendedora le devuelve la plata y todo queda como si nunca si hubiera hecho la venta de la propiedad en disputa.
Lloveras reveló que los hijos del hombre que le vendió la casa se dieron cuenta de que transacción no se hizo de mala fe. Sin embargo, la causa por estafa sigue en la Justicia.
El caso salió a la luz hace una semana tras la denuncia de los descendientes del caucetero que vendió su casa por $1.000.000 al Arzobispado en diciembre de 2020. Los hijos se enteraron de esto en mayo y realizaron la denuncia en el Juzgado Correccional. En la mira de la Justicia por el delito de estafa están al obispo auxiliar Carlos María Domínguez, representante del arzobispado en la operación, y a la escribana Susana Celani, que también participó de la aparente compra irregular del inmueble.
Los hijos aseguraron que el hombre está incapacitado para vender su casa, ubicada en inmediaciones de calle Ignacio de la Roza, en el departamento caucetero. Que por ello, pidieron, antes de que se hiciera la compra de la propiedad, la curatela, una figura civil de protección del patrimonio, es decir, que alguien interviene por aquella persona que no puede valerse por sí mismo en los actos de su vida cotidiana. Por ejemplo, la compra de un inmueble.
Los denunciantes radicaron la denuncia pensando que el obispo auxiliar y la Iglesia se aprovecharon de la incapacidad de su padre para hacer de un terreno, que cuesta entre $10.000.000 y $12.000.000, por un valor mucho menor. Pero al parecer las sospechas quedarán atrás, salvo que el juez de la causa considere lo contrario.
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ADQUISICIÓN IRREGULAR DE INMUEBLE
Tras la denuncia por compra fraudulenta, reapareció en público el obispo Domínguez pero no habló
El religioso encabezó la ceremonia de Ordenación diaconal. Su entorno lo notó muy afectado por la situación judicial que atraviesa.
El Arzobispado de San Juan de Cuyo está en la mira de la Justicia Penal tras la denuncia por irregularidades en la compra de un inmueble a 1.000.000 de pesos en Caucete. El señalado, firmante de los documentos para que la Iglesia se haga con esa propiedad, es el número dos del catolicismo local, el obispo auxiliar Carlos María Domínguez. La acusación de los hijos del vendedor de la casa, un jubilado de 78 años, es que los representantes del religioso engañaron al padre porque no estaba en pleno uso de sus facultades mentales.
Este viernes, el obispo hizo su reparición pública en la Catedral sanjuanina al encabezar la ceremonia de Ordenación diaconal. Ante la populosa feligresía local, el hombre que hoy está a cargo de la Iglesia por la ausencia de monseñor Jorge Lozano -enviado a Colombia por orden del Papa Francisco para participar en la Cepal- no hizo referencia a las irregularidades legales que lo salpican. Tampoco lo hizo ante la prensa. A la pregunta de este medio, después de hora y media de misa, el obispo eligió el silencio y pidió que hablen con los abogados. Aunque, desde el entorno señalaron que está muy afectado por la situación judicial que atraviesa él y la institución.
El regreso a la escena pública se dio cuando, horas antes, el Arzobispado y los hijos de la presunta víctima acordaron dejar sin efecto la compra de la casa ubicada en Ignacio de la Roza 644, en Caucete. El representante legal de la Iglesia, Rubén Lloveras, y el abogado de Sergio Ariel López y Rubén Edgardo López, Leonardo Villalba, negociaron hasta último momento y el resultado fue la devolución del dinero de parte del Arzobispado por la transacción que ocurrió el 30 de diciembre del 2020.
No obstante, eso no pone freno a la investigación penal que lleva adelante el fiscal de Instrucción N° 1, Carlos Eduardo Rodríguez, que pidió al juez Guillermo Adárvez que se ordene el allanamiento al Arzobispado de San Juan. Busca secuestrar el título de transferencia de dominio, boleto de compraventa o de cesión de derechos del inmueble e instrumentos que habilitan o contienen mandato para la celebración del acto investigado.
Pero no sólo pone el foco en la Iglesia, sino también en la escribana Susana Celani, que controló el proceso de compraventa del inmueble y donde se rubricó la escritura. La Fiscalía entiende que los hechos sugieren «la comisión de un hecho delictuoso llevado a cabo por la escribana Susana Celani, el cual encuadraría en la figura típica penal contemplado en el artículo 174, inciso 2 del Código Penal de Defraudación agravada, el cual establece una sanción penal de prisión al que abusare de las necesidades, pasiones o inexperiencia de un menor o de un incapaz, declarado o no declarado tal, para hacerle firmar un documento que importe cualquier efecto jurídico, en daño de él o de otro, aunque el acto sea civilmente nulo”.
El abogado de la mujer, José Becerra, dijo hoy a Diario de Cuyo que el jubilado no estaba inhibido para disponer de sus bienes cuando se ejecutó la transacción. Según el letrado, no había inconveniente para la firma de la escritura que transfería la propiedad.
Las «sospechas» de los hijos del jubilado
Luego de la denuncia al Arzobispado por la presunta compra irregular de un inmueble. Leonardo Villalba, abogado de Sergio Ariel López y Rubén Edgardo López, los hijos del jubilado, dijo a este medio días atrás que denunciaron por cómo y con qué velocidad se concretó la venta de la casa de Caucete. «Estamos hablando de alguien que no está en sus cabales y que vendió una casa con un salón comercial por un millón de pesos, cuando en el mercado cuesta diez veces más», señaló en ese momento.
La versión del Arzobispado
En un comunicado, la Iglesia sanjuanina reconoció desde el minuto uno la compra del inmueble y se ajustó a derecho. Sin embargo, indicaron que desconocían la supuesta incapacidad del vendedor. «Cabe señalar, que los múltiples diálogos previos, para llegar a esas instancias finales, tampoco surge la probable existencia de un inconveniente de salud del propietario-vendedor que pudiera afectar su capacidad para celebrar ese acto jurídico. Se trató entonces de un oficio realizado de buena fe por ambas partes», escribieron. Y ofrecieron, ya entonces, «dejar sin efecto el acto jurídico, manifestando de buena manera la predisposición del mismo para el mejor entendimiento de las partes».
