El obispo coadjutor, Antonio Gómez Cantero, encargó a su llegada a Almería una auditoria para conocer el estado contable de la Diócesis.
La llegada del obispo palentino Antonio Gómez Cantero a los mandos de la Iglesia Diocesana almeriense como coadjutor no ha sido, para nada, una decisión gratuita de la Santa Sede. El Vaticano tenía conocimiento de las estrecheces económicas por las que parecía estar pasando el Obispado de Almería y encargó a Cantero que, nada más llegar a la Diócesis, asumiera las responsabilidades económicas ante una situación contable preocupante y que incluso amenazaba la estabilidad económica del clero. Una de sus primeras decisiones fue la de solicitar a un auditor externo un informe pormenorizado de la situación financiera de la Iglesia almeriense. Y la lectura es suficientemente gruesa, indican diversas fuentes consultadas por este diario, como para haber aliñado la actitud «hostil», califican, que había recibido el coadjutor a su llegada a Almería y que ha desembocado en la destitución de facto de Adolfo González Montes del episcopado almeriense.
Según han confirmado a IDEAL hasta cinco fuentes distintas, todas ellas muy cercanas al clero, una deuda de alrededor de 20 millones de euros –cifra a la que se refieren todos de forma aproximada– asfixia las cuentas de la Diócesis almeriense y ha comprometido su estabilidad. «La contratación de auditorías es común. Su fin es la transparencia contable. Don Antonio [Gómez Cantero, el obispo coadjutor] encargó una para que ofreciese una visión externa y transparente de la situación de la Diócesis», trasladaba ayer un portavoz del Obispado de Almería. Dicho portavoz rehusó confirmar la cifra de la deuda aludiendo a la confidencialidad de los datos de la auditoria. «Es un ejercicio interno», subrayó.
El resultado de la auditoría interna se explicitó a los párrocos y sacerdotes diocesanos en una reunión interna que tuvo lugar hace pocas semanas. La situación no era novedosa para ellos, que ya habían sido víctimas de la constricción financiera de la Diócesis. No en vano, han experimentado retrasos en el cobro de la paga extraordinaria de Navidad, que se les abona habitualmente en el mes de diciembre y que no se han resuelto hasta hace muy pocos días. Hoy el mitrado ha citado de nuevo a los sacerdotes diocesanos, a todos al completo, en este caso para trasladarles sus primeras decisiones como plenipotenciario de la Diócesis por decreto papal. Entre ellas están, por ejemplo, la continuidad o el relevo de los sacerdotes en los cargos que ostentan en la curia o el funcionamiento de la organización en el futuro más inmediato, ahora ya bajo sus estrictas y plenipotenciarias competencias.
El pasado martes se conoció que el Sumo Pontífice retiraba la totalidad de las atribuciones de gobierno al aún titular de la Diócesis, Adolfo González Montes, y que las depositaba íntegramente en su coadjutor, Antonio Gómez Cantero. Desde ese momento González Montes es en la práctica un obispo emérito con escasísimas competencias, limitadas al ámbito pastoral e institucional, pese a mantenerse como titular diocesano.
Las apreturas económicas de la Diócesis afloradas por la auditoria encargada por el coadjutor no aparecen reflejadas en los datos contables expuestos en el Portal de la Transparencia del Obispado porque ahí tan solo se exponen los balances anuales (presupuestos de ingresos y gastos). Las últimas cuentas que son consultables a través de la web oficial de la Diócesis son las de 2018. En ellas se apunta a un persupuesto de alrededor de siete millones de euros anuales, de los cuales casi 2,9 millones (el 40%) se vincula a actuaciones para la conservación de edificios y gastos de funcionamiento de la propia organización. Apenas el 20% está destinado a la retribución del clero (segundo mayor gasto).
Parte de los ingresos de la Iglesia diocesana provienen de fondos públicos por su actividad religiosa o por su labor social. De hecho, el pasado año la Diputación llegó a entregar al Obispado de Almería 300.000 euros para la mejora de templos (con actuaciones en la Parroquia de San Pedro de la capital, la Catedral o el Santuario Basílica de la Virgen del Mar, además de en otras iglesias de Níjar, Ohanes, Terque y Roquetas). Ahora bien, también se le proporcionó 100.000 euros más dentro del plan anticrisis ‘Contigo’ para financiar la labor solidaria y desinteresada de Cáritas Diocesana en el marco de la pandemia con los más necesitados de Almería.
Hasta la auditoría externa encargada por el coadjutor Gómez Cantero, la asfixia financiera de la Diócesis era negada de forma vehemente por el máximo responsable de la Iglesia almeriense, Adolfo González Montes. Cuestionado por periodistas respecto a los rumores en la feligresía que vinculaban el envío vaticano del coadjutor a un mal estado contable de la diócesis urcitana, el aún obispo titular negaba de raíz. «Nuestra Diócesis está al día. Hasta ahora, estamos cumpliendo». Entonces los sacerdotes ya esperaban desde hacía semanas a recibir la extraordinaria navideña.
El obispo diocesano, González Montes, no recibió de buen grado la noticia vaticana de la llegada de un coadjutor a pocos meses de que se vea obligado –en noviembre– a presentar su renuncia al episcopado almeriense al cumplir los 75 años. Diversas fuentes apuntan a una actitud «poco colaborativa» con su coadjutor en los meses en los que Gómez Cantero está acompañándole al mando de la Diócesis. A principios de semana ambos obispos recibieron el decreto papal en la Nunciatura en una reunión urgente a la que fueron convocados pocas horas antes. El contenido del decreto fue conocido pocas horas después públicamente.
Dos meses y medio de un mitrado que clama por la transparencia
El obispo coadjutor de Almería, Gómez Cantero, lleva apenas dos meses y medio de ejercicio en Almería. Pero su ejercicio espiritual comienza en el seminario mayor de Palencia cuando aún era un joven con vocación sacerdotal.Desde entonces ha sido vicario en Palencia, en donde se ordenó sacerdote, y obispo de Teruel yAlbarracín desde 2017. Entre sus especialidades está la comunicación social –desde el pasado año está en la Comisión Episcopal– y es un férreo defensor de la transparencia en el seno de la organización eclesiástica.
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