Su sanchidad logró aprobar los presupuestos con los apoyos de ERC y Bildu. Son los mismos que le niegan el apoyo a la reforma laboral porque se consideran traicionados: el gobierno no derogó la reforma Bañez como había prometido.
Yolanda Díaz se comprometió a examinar “con cariño” las propuestas de ERC y Bildu. Pero desde el PSOE no quieren dar la imagen de cesión a los nacionalistas en plenas elecciones castellano leonesas. Además, desde la CEOE se advierte que si se cambia una coma en su acuerdo, ellos dan marcha atrás. Y si la patronal se descuelga la imagen de la reforma por consenso se viene abajo. Y eso no sólo supone un deterioro reputacional interno sino también externo: corremos el riesgo de que Bruselas cierre el grifo de las ayudas.Y el reloj corre. Porque el decreto de reforma debería de convalidarse antes del 31 de enero, salvo que los letrados retuerzan el derecho y ‘compren’ tiempo en una negociación que -en realidad- sólo pretende convertir los círculos en cuadrados.
Por su parte, el PP trata de que la CEOE se descuelgue del consenso mientras que Garamendi trata de amarrar los apoyos para mantenerse en el puesto y asegurar los 92 millones de euros que caerán sobre sindicatos y patronal que sean dóciles.
La presión de Génova no hará moverse a la patronal hoy, pero sí establece líneas rojas para que no se mueva mañana si hay modificaciones al dictado de ERC y/o Bildu.
Por otra parte, el PP pretende que sea Vox quien se retrate apoyando la reforma de Sánchez como ya hicieron con los fondos europeos sin control ni auditoría. Es poco probable que los de Abascal le hagan ese regalo a los de Casado. En primer lugar porque estamos en medio de las elecciones de Castilla y León. Y en segundo lugar porque es más que probable que la experiencia haga que los errores de bisoñez no se repitan.
Así las cosas, la situación actual es de parálisis. Porque además, entre la presuntamente ambiciosa agenda legislativa presentada por Bolaños no se encuentra la reforma del delito de sedición. Y por si fuera poco, Marlaska parece favorable a la consideración de Cataluña como ‘zona singular’ para incentivar el destino de policías y guardias civiles.
Así que de momento, la mesa de diálogo, nada de nada. Quizás por eso Aragonés se pone nervioso y advierte que no habrá más oportunidades para el diálogo. Y quizás por eso Sánchez no interviene ante la deslealtad hecha acto administrativo de la Generalitat que se compromete a dar soporte legal a los directores que desobedezcan la sentencia del Supremo sobre la educación en español. Como en el chiste, ¿verdad doctor que no nos haremos daño?
El anzuelo del pescador
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