Manila
En medio de este panorama político desolado, encontramos consuelo en los grupos de abogados y ciudadanos comunes que han presentado peticiones ante la Corte Suprema, cuestionando la constitucionalidad de la nueva ley firmada. ¿El más alto nivel de nuestro poder judicial afirmará su independencia, o también cederán a la presión política?,
escribe el obispo de Caloocan, Pablo Virgilio David, presidente interino de la Conferencia Episcopal de Filipinas (después de la indisposición de salud sufrida por el presidente Romulo Valles, arzobispo de Davao), en una carta pastoral, recibida en la Agencia Fides, en la que critica la aprobación y la entrada en vigor de la nueva ley antiterrorista, a pesar de la fuerte oposición que se registra en todo el país.
La carta pastoral ha sido leída en todas las misas el domingo 19 de julio. La nueva ley, que entró en vigor el 18 de julio, confiere poderes especiales al ejecutivo en la lucha contra el terrorismo, pero los defensores de los derechos civiles creen que puede usarse para combatir la disidencia y la libertad de conciencia.
El obispo David señala que se trata de un “modelo de intimidación” que crea un “clima perjudicial para la libertad de expresión”. La carta señala los problemas críticos actuales del sistema democrático: la forma en que los activistas son etiquetados como “comunistas”; los falsos cargos de “sedición” presentados contra el clero; el largo camino de asesinatos relacionados con la “guerra contra las drogas”; la detención prolongada de la senadora opositora Leila de Lima; el “efecto escalofriante” causado por el cierre de la emisora ABS-CBN, cuya concesión de transmisión no ha sido renovada por el Parlamento. La emisora había criticado abiertamente al presidente Duterte tanto en la campaña electoral como después de su elección.
El obispo David deplora la forma en que la “presión política desde arriba” ha ejercido un gran peso sobre los legisladores que votaron por la ley de terrorismo propuesta, sin escuchar las “voces desde abajo”.
No parecía importarles la disidencia de muchas de las personas que representan: asociaciones de abogados, académicos, sectores económicos, sindicatos, organizaciones juveniles, ONG, movimientos políticos, comunidades religiosas e incluso el gobierno de la región de Bangsamoro,
escriben los obispos.
Todos estos grupos han expresado preocupación por la vaga definición de “terrorismo” y “acto terrorista”, temiendo que los agentes del orden puedan abusar de ellos y cometer violaciones de los derechos civiles y humanos.
En la Carta, los obispos dicen que confían en todos aquellos dentro y fuera de la administración pública que
actúan solo como lo requiere la conciencia y no se dejan intimidar por presiones políticas en el cumplimiento de sus deberes constitucionales.
Son un elemento importante para fortalecer nuestras instituciones gubernamentales y son una clave esencial para un sistema democrático estable y funcional,
agregan, invitando a todo el pueblo de Dios a una oración especial por el bien común de la nación.
Con información de: Agencia Fides
