El pasado 22 de mayo, comenzaron a publicarse noticias sobre una mujer, en el municipio de Oluta, Veracruz, que había sido detenida por haber abortado de manera espontánea en el baño del centro comercial “Mercado Soriana” del lugar. A partir de ahí, feministas del colectivo conocido como “Brujas del Mar” iniciaron una campaña en redes sociales contra la Fiscalía de Veracruz y el Instituto Veracruzano de la Mujer IVM, señalando que la FGE actuaba de manera negligente y sin perspectiva de género y que el IVM “revictimizaba” a quien, padeciendo violencia intrafamiliar, había perdido a su bebé por un aborto espontáneo.
El colectivo radicado en Veracruz “Las Brujas del mar” –que había persuadido a la derecha a ponerse el pañuelo morado y a sumarse al paro nacional de mujeres del 09 de marzo del 2020, bautizado como “un día sin nosotras” y cuyo vocera Arussi Unda llegó a afirmar de sí mismas: “Si nos detenemos, el mundo se detiene”-, argumentó públicamente que la mujer del municipio de Oluta, tenía problemas de salud mental y un día antes había sido golpeada por su pareja sentimental, razón por la que reclamaban su inmediata libertad.
Los hechos
Lo cierto es, que de acuerdo con un comunicado emitido por la Fiscalía y replicado por los medios de comunicación locales, la mujer “víctima” de nombre “Diana Patricia N” no había sido detenida por sufrir un aborto espontáneo sino por haber tirado a su hijo recién nacido en un bote de basura y dejarlo morir asfixiado.
Esta situación se registró el pasado 22 de mayo en un baño del establecimiento comercial «Mercado Soriana» ubicado en Oluta, apenas a cinco minutos del municipio de Acayucan, al sur de Veracruz.
Así consta en la carpeta de investigación UIPJ/DXX/F1/165/2021, que determina la privación de la vida de un recién nacido cuya madre había dado a luz minutos antes.
La investigación muestra, también, que desde que los agentes de Servicios Periciales tuvieron conocimiento de los hechos, acudieron al lugar y practicaron los dictámenes de la necropsia de ley, donde evidencian que la víctima nació viva pero que murió por anoxia o falta de oxígeno al encontrase sofocada en un bote de basura. Que cuando la madre tiró a su hijo recién nacido al bote de la basura se retiró con prontitud sin decir nada; incluso, una persona, que posteriormente corroboró su dicho en una audiencia oral, le abordó con el interés de ayudarle en el momento en que tomaba un taxi para la retirada, pero ésta se negó a recibir el auxilio.
Posterior a la revisión y a los estudios periciales en el lugar de los hechos, la madre de nombre “Diana Patricia N”, fue identificada como la persona que cometió el hecho, por lo que el 28 de mayo mediante una orden de aprehensión por homicidio doloso calificado, “Diana Patricia N”, fue capturada.
Las conclusiones de la fiscalía general de Veracruz confirman que “Diana Patricia N”, habría abandonado con vida a su recién nacido en un bote de basura, después de haberlo parido en el centro comercial referido.
Pero, ante este suceso tan lamentable y totalmente inhumano, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) emitieron un boletín exigiendo respeto a los Derechos Humanos de “una mujer encarcelada tras sufrir un aborto espontáneo, producto de un embarazo de alto riesgo” y solicitó a los jueces del poder judicial permitir a la mujer llevar su proceso en libertad.
Y fueron más allá:
“Tanto la CNDH como CEDHV consideran que la estigmatización y la criminalización de las mujeres que abortan, se agrava cuando subyacen situaciones de violencia familiar, condiciones de pobreza y de origen étnico, y son consecuencia de leyes que limitan y violentan el acceso a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como es el caso del Estado de Veracruz, que actualmente cuenta con una alerta de violencia de género por agravio comparado, toda vez que en la entidad federativa subsisten leyes y prácticas que criminalizan la decisión sobre el cuerpo y la autonomía de las mujeres”.
“La CNDH y la CEDHV en apego a las recomendaciones de la CEDAW, exhortan al estado a derogar las leyes que criminalizan a las mujeres y armonizar aquellas que permiten el acceso al aborto legal, seguro, gratuito y libre de prejuicios. Asimismo, se pronuncia por el derecho a decidir de las mujeres, a su autonomía reproductiva, a la no criminalización y al pleno respeto todos sus derechos humanos, así como a vivir libres de violencia y estigmas».
Las Brujas del mar
Por su parte el colectivo “Las Brujas del mar” han exigido dos cosas:
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- Exigimos al @GobiernoVer la liberación inmediata de Diana Patricia, y
- Exigimos a la @SCJN que se agilice el amparo para despenalizar el aborto en Veracruz.
En los dos casos, el “infanticidio”, tanto para las Comisiones de Derechos Humanos como para el colectivo feminista debe ser asumido como aborto, y éste no debe ser sancionado.
Veracruz, salvo las excepciones previstas en la ley, en su Constitución Política tiene resguardada la vida humana desde la concepción hasta su muerte natural, que mediante una Iniciativa Popular de +Vida+Familia estableció.
Justifican el infanticidio con tal de conseguir la despenalización del aborto
La CNDH, CEDHV y “Las Brujas del mar” ocupan el caso de infanticidio de Oluta para confundir a la población en el sentido de que existen “leyes injustas por las cuales se encarcela a las mujeres que han sufrido abortos espontáneos”. Nada más falso que esta aseveración, pues de acuerdo al artículo 154 del Código Penal de Veracruz el aborto no es punible en esa circunstancia. Es decir, en Veracruz una mujer que sufre un aborto espontáneo, jamás será encarcelada.
El código penal veracruzano también establece que para la mujer que aborte, fuera de las 4 excepciones estipuladas por la ley, el castigo será tratamiento en libertad. No es necesario despenalizar el aborto en Veracruz, porque ninguna mujer que incurra en esta práctica ilegal, será criminalizada con cárcel. Lo que enfrenta “Diana Patricia N” es un proceso penal por el homicidio doloso de su propio hijo.
Esta estrategia de las activistas feministas y de la Comisión de Derechos Humanos, no es nueva. Lo han hecho tanto en El Salvador, como en Yucatán, México. En El Salvador, con patrocinio de organismos internacionales, tomaron casos de 17 mujeres que asesinaron a sus hijos para denunciar encarcelamiento de mujeres que habían sufrido supuestos abortos espontáneos. De esta manera engañaron a la población, a los legisladores y jueces de ese país, en la búsqueda por legalizar el asesinato de los hijos en el vientre materno.
En Yucatán, destaca el caso de Evelia; una mujer que fue encarcelada durante 10 años por asesinar a su hijo. Sin embargo, colectivos y periodistas feministas emitieron notas en las que mintieron sobre este caso. Mintieron para condenar las “injustas leyes misóginas que criminalizan a las mujeres que sufren abortos espontáneos.” Estos grupos frecuentemente construyen narrativas fraudulentas.
El expediente del amparo directo muestra que Evelia fue sentenciada por homicidio en razón de parentesco, no por aborto. El niño nació vivo, respiró y lloró. Falleció por golpes en la cabeza (traumatismo craneoencefálico). Evelia confesó además, de echarle tierra en la boca con la mano izquierda, para que dejara de llorar.
En el caso de la madre de Oluta, consejeras sociales del Instituto Veracruzano de la Mujer emitieron un comunicado donde indican que “se requiere de un verdadero compromiso para defender la agenda de las mujeres veracruzanas. «Se debe defender la causa de las mujeres con apego a la Verdad»”, dijeron.
Ante tal posición, declaraciones de una “académica” tacha de radicales los argumentos vertidos y se ensaña con una de las firmantes consejeras, por ser diputada de un partido “conservador”. La acusa de actuar en contra del “estado laico” cuando no se dio ningún argumento religioso. Las feministas, como esta “famosa” académica, la acusan de actuar en contra de los derechos humanos solo por decir la verdad. Como si no existiera el derecho a pensar diferente. Puras falacias ad hominem. Para las mujeres que pensamos diferente, no hay “sororidad”.
Lo cierto, es que con el caso de Veracruz donde el colectivo feminista “Las Brujas del mar” y las “Comisiones de Derechos Humanos” han iniciado una campaña a favor del aborto, han revelado el verdadero objetivo que persiguen: se legalice el infanticidio en el Estado de Veracruz.
Por: Alejandra Yañez
