Sea cual sea el resultado de las votaciones del seis de junio, en México seguiremos en un ambiente de polarización alentado desde el poder.
El nivel de esa polarización va a depender de la diferencia entre la expectativa real del Presidente y los resultados. Y eso solo lo sabe él, porque son sus cálculos políticos.
Lo único claro para todos los actores es que si el Presidente y su partido refrendan una mayoría absoluta en la próxima Legislatura federal tendrá condiciones para seguir con la destrucción de instituciones y seguir pavimentando su camino hacia un totalitarismo.
De ahí que el eje principal de las elecciones sea lograr un equilibrio de los poderes federales y con ello detener por ahora el proyecto autoritario.
Los estudios demoscópicos realizados por casas encuestadoras y medios con buena reputación profesional1 coinciden en advertir de la caída de la popularidad presidencial en promedio del 50 por ciento desde que asumió el poder en diciembre de 2018, lo que indica -entre otras cosas- que sus incondicionales han ido bajando.
Su gestión divide las opiniones casi por igual entre quienes lo apoyan y quienes no; la inseguridad y el rumbo económico son sus talones de Aquiles.
Los estudios publicados de algunas de esas mismas encuestadoras sobre las elecciones del 6 de junio coinciden en apuntar el número de indecisos entre el 21 y el 24 por ciento; advierten que Morena y sus aliados están en riesgo de no llegar a la mayoría absoluta (50% más uno) y de perder varias gubernaturas que hasta hace pocas semanas parecían tener en la bolsa.
Si Morena y sus aliados no logran la mayoría calificada (el 66 por ciento o las dos terceras partes de la Cámara) y tienen derrotas significativas en los estados, es altamente probable que desde la Presidencia se endurezca aún más la posición y se busque destruir instituciones con toda la fuerza del poder presidencial.
Estas tendencias han exaltado los ánimos y han provocado dos anuncios que evidencian los pasos a seguir por el Presidente.
La transformación del INE bajo el pretexto de un agotamiento del modelo electoral en el que este organismo autónomo goza de privilegios y la no ratificación del Gobernador del Banco de México para sustituirlo por un simpatizante de la economía moral.
Otro punto pendiente en la agenda presidencial es el sometimiento del Poder Judicial, en donde ya dio el primer paso al extender por dos años más el mandato del Ministro Arturo Zaldívar como presidente de la Corte para hacerlo coincidir con su periodo sexenal.
Aquí también ya se han lanzado señales de que si el Ministro Zaldívar dobla las manos, no todos los magistrados lo respaldarán.
De concretarse esas acciones, el eje de la contienda política sería la prisa por imponer un modelo autoritario y la primordialidad sería la defensa de las instituciones el resto del sexenio.
Los procesos electorales restantes del 2021 al 2024 se realizarían bajo esa misma premisa y el nivel de encono sería más profundo.
No es previsible el uso de la fuerza institucional. Las Fuerzas Armadas hasta ahora han mantenido su papel institucional de lealtad al Presidente y se han alineado por privilegios económicos, a pesar del descontento interno en todos los niveles y dudas, aunque no lo puedan decir abiertamente.
Las Fuerzas Armadas gozan del respeto y respaldo popular por las diversas acciones que realizan a favor de la población y a pesar de las fallas de algunos de sus elementos en tareas de seguridad. Mantener ese ánimo es un factor fundamental para cualquier escenario en el país.
Así, la persecución a los adversarios del régimen sería legal, selectiva.
Amén de estos factores potenciales, la agenda presidencial tiene dos eventos con los que naturalmente se mantendrá la polarización.
El 1 de agosto será la consulta popular para iniciar acciones en contra de los gobiernos de los expresidentes desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto.
Si los resultados electorales de este año no favorecen su cálculo, entonces la revocación de mandato -programa para realizarse durante el primer trimestre del 2022- cobra una mayor relevancia.
En esos escenarios, la participación organizada de los ciudadanos cobra un papel cada vez más relevante, pues uno de los frutos positivos de esta polarización ha sido una concientización popular, aunque a un ritmo lento.
La participación ciudadana en las elecciones busca borrar a Morena, no al Presidente, pero éste ha reaccionado enojado y eso lo lleva a cometer errores.
Las organizaciones ciudadanas deben buscar que la motivación al voto se traduzca en triunfos inobjetables que alejen el pretexto del fraude desde el gobierno o desde el partido oficial.
Deben mantener una actividad principalmente en lo social aliada con otros actores sanos dentro del empresariado y las organizaciones religiosas.
Deben mantener una exigencia a los partidos de oposición para que se abran a los liderazgos ciudadanos y asuman verdaderamente el sentir de la mayoría.
