El geriátrico afectado, en la ciudad gallega de Santiago de Compostela, recurrió el sábado al juzgado de guardia por el rechazo de una hija a que al día siguiente se vacunara a su madre interna y “con una capacidad de decidir muy limitada”.
En su decisión, el juez constata que la anciana “carece de las facultades precisas para prestar adecuado consentimiento a una actuación médica” y, aunque empatiza con los recelos de su hija por los posibles efectos secundarios del fármaco, alega que vacunarle supone un “riesgo menor”.
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La posición de su hija “confronta con los intereses de la residente concernientes al mantenimiento de su estado de salud y evitación de riesgo vital”, argumenta el magistrado.
En su escrito, éste subraya que su decisión obedece únicamente a los intereses de la anciana y no al del resto de internos, dado que la vacunación en España es voluntaria y no puede forzarse a nadie a recibir la inyección por el posible beneficio comunitario que conlleva.
Como la mayoría de países europeos, España comenzó la vacunación a finales de diciembre y priorizó la inmunización de los trabajadores y los internos de las residencias de ancianos, donde miles han muerto por el virus.
La sociedad española presenta, en general, un alto nivel de aceptación respecto a las vacunas pero, en el caso de las del covid-19, existen ciertas reticiencias.
Un sondeo público en diciembre mostraba que un 40,5% de españoles estaban dispuestos a vacunarse de inmediato, contra un 28% que no querían hacerlo. Un mes antes, esta última cifra era del 47%.
Un estudio en quince países de Ipsos Global Advisor situaba a España en una zona intermedia respecto al nivel de aceptación de las vacunas del covid-19, con un 62% de encuestados proclives a administrárselas.
Francia aparecía como el país más refractario, con solo un 40% de personas de acuerdo con su suministro, y China como el más favorable, con un 80% de ciudadanos dispuestos a vacunarse.
Con información de EFE