El Dicasterio para los Textos Legislativos intentó resolver los problemas jurídicos planteados en los documentos de excomunión del cardenal Fernández contra la FSSPX. Sin embargo, Fernández no parece dispuesto a aceptar su ayuda.
Guido Horst informó en Die-Tagespost.de (30 de octubre) de que se habían producido «varios intentos por parte del Dicasterio para
los Textos Legislativos de encontrar una solución a las ambigüedades junto con el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Sin embargo, el cardenal Fernández parece no estar dispuesto a cooperar».
Según Horst, el decreto de excomunión del 2 de julio contra la Fraternidad Sacerdotal San Pío X (FSSPX) adolece de graves deficiencias. Por ejemplo, no queda claro si asistir a una misa de la FSSPX constituye un acto cismático.
La nota explicativa adjunta también declara inválidas las confesiones escuchadas por sacerdotes de la FSSPX y los matrimonios que estos celebran, a pesar de los permisos papales anteriores (2015 y 2017).
Los canonistas sostienen que el dicasterio de Fernández no puede anular decisiones papales sin la aprobación del Papa. El arzobispo español Juan Ignacio Arrieta, que ocupó el cargo de secretario del Dicasterio para los Textos Legislativos hasta junio de 2026, fue el primer canonista en señalar públicamente este problema.
CIUDAD DEL VATICANO.
LUNES 2 DE NOVIEMBRE DE 2026.
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