* El Papa es simultáneamente jefe de Estado, legislador supremo y juez supremo: la ley regula los derechos y responsabilidades de las instituciones.
El Papa León XIV ha promulgado una nueva constitución para el Estado de la Ciudad del Vaticano.
Esta regula los derechos y responsabilidades de las instituciones del Estado más pequeño del mundo.
La nueva «Constitución del Estado de la Ciudad del Vaticano» fue publicada el viernes por la Oficina de Prensa del Vaticano.
El texto, de 25 artículos, redefine y aclara, en particular, los deberes y poderes de la Gobernación.
Este cargo lo ocupa actualmente la monja italiana Raffaela Petrini, quien dirige la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano desde marzo de 2025.
La nueva constitución tambiénenfatizala independencia de los tribunales del Estado de la Ciudad del Vaticano.
Estos tribunales han juzgado varios casos penales de gran envergadura en los últimos años, incluyendo casos de fraude y malversación de fondos por valor de millones de dólares.
La última constitución promulgada por el Papa Francisco para el Vaticano fue el 13 de mayo de 2023. El Papa León XIV la modificó ligeramente el 19 de noviembre de 2025.
La Ciudad del Vaticano
es una monarquía electiva absoluta.
El Papa es simultáneamente
jefe de Estado,
máximo legislador
y máximo juez.
Al promulgar una nueva Ley Fundamental, el Papa León XIV reemplazó por completo el texto de 2023 y rediseñó la organización del Estado de la Ciudad del Vaticano. Gobernanza, justicia, finanzas, administración: este importante texto reafirmó la soberanía del Pontífice al tiempo que modificó el funcionamiento del Estado.
«El Soberano Pontífice […]
posee la plenitud del poder gubernamental,
que incluye el poder legislativo,
ejecutivo
y judicial ».
El 31 de julio de 2026, el Papa León XIV promulgó una nueva Ley Fundamental del Estado de la Ciudad del Vaticano, destinada a reemplazar por completo la del 13 de mayo de 2023. Esta auténtica «Constitución» del Estado Pontificio, compuesta por veinticinco artículos, define las instituciones, los poderes y los principios que rigen al Estado más pequeño del mundo.
Desde las primeras líneas, León XIV explica las razones de esta reforma: «la necesidad de tener en cuenta las nuevas exigencias de la gobernanza» y los «significativos cambios normativos ocurridos en los últimos años» hacen esencial la adopción de una nueva Ley Fundamental. El objetivo declarado es claro: adaptar las estructuras del Estado a los desafíos actuales, preservando al mismo tiempo su misión primordial, que es garantizar «la independencia absoluta y visible de la Santa Sede». El texto reafirma, en primer lugar, un principio fundamental: el Papa sigue siendo el soberano absoluto del Estado de la Ciudad del Vaticano. El artículo 1 no deja lugar a ambigüedad: «El Sumo Pontífice […] posee la plenitud del poder gubernamental, que incluye el legislativo, el ejecutivo y el judicial». Esta disposición reitera que la autoridad suprema sigue siendo ejercida personalmente por el Sucesor de Pedro, incluso si delega su ejercicio en diversas instituciones.
Entre los avances más notables se encuentra una importante aclaración de la distinción entre la Santa Sede y el Estado de la Ciudad del Vaticano. El texto afirma explícitamente que «el Estado y su ordenamiento jurídico son distintos de la Curia Romana y las demás instituciones de la Santa Sede». Esta distinción jurídica ya existía en la práctica, pero ahora se reafirma con mayor precisión.
La reforma refuerza aún más el papel de la Gobernación, la verdadera administración civil del Estado. Asume la responsabilidad de áreas muy concretas: seguridad, protección civil, sanidad, medio ambiente, infraestructuras, redes, servicios postales, aduanas, así como la conservación y gestión de los Museos Vaticanos y de todo el patrimonio artístico. En el ámbito financiero, León XIV consagra explícitamente los principios de buena gobernanza. El presupuesto debe garantizar ahora un equilibrio entre ingresos y gastos y regirse por los principios de claridad, transparencia e integridad. También se incluye un plan financiero trienal, muestra del compromiso de reforzar el rigor administrativo implementado en los últimos años.
Finalmente, si bien el texto moderniza las estructuras del Estado, reitera que el Papa conserva una autoridad excepcional en materia judicial. En cualquier momento, puede sustraer un caso de la jurisdicción de los tribunales ordinarios y encomendar su juicio a un órgano especial, manteniendo la facultad exclusiva para conceder amnistía, indulto o remisión de pena.
Más que una simple actualización administrativa, esta nueva Ley Fundamental constituye el primer texto institucional importante del pontificado de León XIV. Sin alterar la naturaleza del Estado Pontificio ni la doctrina de la Iglesia, busca dotar al Vaticano de estructuras más claras y eficientes, mejor adaptadas a las realidades contemporáneas, al tiempo que reafirma que toda su organización permanece al servicio de la misión universal del Sucesor de San Pedro.
