La Asociación Civil Libertad para Morir impulsa una iniciativa ciudadana para expedir la Ley de Asistencia Médica para Morir de la Ciudad de México. El mecanismo de participación ciudadana busca reunir las firmas necesarias, alrededor de 20 mil, para que el Congreso local debata permitir que personas adultas, psíquicamente competentes y con enfermedades graves e incurables que generan sufrimiento físico o mental intolerable, puedan solicitar que un médico ponga fin a su vida. Se trata de la primera iniciativa de este tipo en la capital y representa un paso cualitativo, no solo se habla de rechazar tratamientos fútiles como ya permite la Ley de Voluntad Anticipada vigente en Ciudad de México y otros 13 estados, sino de autorizar un acto deliberado de causar la muerte.
En el plano internacional, la eutanasia o la asistencia médica para morir está regulada en Países Bajos (desde 2002), Bélgica (2002, con extensión a menores en ciertos casos), Luxemburgo, España (2021), Canadá, donde se denomina Medical Assistance in Dying y ha superado los 76 mil casos acumulados, y Colombia (a partir de sentencias de la Corte Constitucional y un protocolo de 2015).
En estos países los números crecen año tras año. En Países Bajos se reportaron casi 10 mil casos en 2024 (alrededor del 5,8 % de las muertes totales), con incremento en solicitudes por trastornos psiquiátricos; en Bélgica se registraron casi 4 mil en el mismo año, con aumento sostenido de casos de pluripatología no terminal. Las “salvaguardas” iniciales, enfermedad terminal, sufrimiento físico insoportable, evaluación rigurosa, se han ampliado en la práctica hacia condiciones psiquiátricas, discapacidad severa o incluso soledad y fatiga existencial. Esto genera un debate legítimo sobre la pendiente resbaladiza, lo que comienza como excepción estricta termina normalizándose y expandiéndose.
En México, la eutanasia activa y el suicidio asistido siguen siendo ilegales según la Ley General de Salud y se sancionan penalmente. La regulación existente se limita a la ortotanasia: el derecho a rechazar o suspender tratamientos extraordinarios o desproporcionados cuando la muerte es inminente. La iniciativa de Libertad para Morir va más allá y pretende introducir en la Ciudad de México y eventualmente presionar al resto del país, una figura que la ley federal prohíbe. El contexto mexicano añade complejidad, un sistema de salud pública con brechas importantes en atención oncológica, crónica, geriátrica y de salud mental y un desarrollo incipiente de los cuidados paliativos. Muchos pacientes enfrentan listas de espera, acceso limitado a analgésicos opioides por regulaciones estrictas, escasez de equipos multidisciplinarios y ausencia de servicios especializados fuera de las grandes ciudades. En ese escenario, ofrecer la “salida fácil” de la eutanasia puede convertirse en una válvula de escape para un Estado que no ha logrado garantizar atención de calidad al final de la vida.
La enseñanza de la Iglesia recogida en el Catecismo de la Iglesia Católica (nn. 2276-2279), ofrece un marco claro. Aquellos cuya vida se encuentra disminuida o debilitada tienen derecho a un respeto especial; las personas enfermas deben ser atendidas para llevar una vida tan normal como sea posible. Cualesquiera que sean los motivos y los medios, la eutanasia directa, poner fin a la vida de personas disminuidas, enfermas o moribundas, es moralmente inaceptable y constituye un homicidio gravemente contrario a la dignidad de la persona humana y al respeto debido al Dios vivo, su Creador.
La interrupción de tratamientos onerosos, peligrosos o desproporcionados puede ser legítima cuando se rechaza el encarnizamiento terapéutico, pero nunca se pretende provocar la muerte. Aunque esta se considere inminente, los cuidados ordinarios debidos al enfermo no pueden interrumpirse. El uso de analgésicos para aliviar el sufrimiento, incluso con el riesgo de abreviar los días, es moralmente aceptable si la muerte no se busca como fin ni como medio. Los cuidados paliativos, señala el Catecismo, constituyen una forma privilegiada de la caridad desinteresada y deben ser alentados.
Pensar la eutanasia como simple ejercicio de libertad individual pasa por alto que, en sociedades con sistemas de salud frágiles, esa “opción” suele recaer sobre los más vulnerables: ancianos solos, personas con discapacidad, enfermos crónicos de escasos recursos o familias exhaustas económicamente. No se trata solo de autonomía, se trata de una sociedad que, ante el costo económico, emocional, logístico de acompañar la fragilidad, prefiere prescindir de la vida que se ha vuelto “onerosa”.
Esa lógica evidencia un fracaso colectivo, el de un sistema de salud que debería ser robusto para cuidar, aliviar el dolor evitable, ofrecer soporte psicológico y espiritual y permitir que la vida, incluso marcada por la enfermedad grave, siga siendo apreciada como elemento fundamental de la dignidad de la persona y no como un estorbo que hay que eliminar.
La urgencia, por tanto, no radica en regular la muerte asistida, sino en diseñar e implementar un sistema integral de cuidados paliativos y de apoyo a la dependencia. Esto implica la formación masiva de profesionales en manejo del dolor y síntomas, garantía de acceso equitativo a medicamentos controlados, integración de equipos multidisciplinarios (médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, capellanes) en la atención primaria y hospitalaria, políticas de respiro para cuidadores familiares y financiamiento estable que no deje la atención al final de la vida como un subproducto residual del sistema. Elevar las expectativas de cuidado significa que el Estado y la sociedad se comprometan a que nadie tenga que elegir entre sufrir sin alivio o pedir que le quiten la vida. Significa invertir en lo costoso, pero humano acompañamiento, alivio y sentido en lugar de normalizar la eliminación del que sufre.
La iniciativa de Libertad para Morir, por más que invoque casos reales de sufrimiento profundo, no resuelve las causas estructurales del abandono; las consolida al desplazar la responsabilidad del cuidado hacia la decisión individual de morir.
México enfrenta aquí una encrucijada cultural, optar por la civilización del descarte o por la civilización del cuidado. La verdadera compasión no acelera la muerte, camina al lado del enfermo hasta el final natural, aliviando lo aliviable y sosteniendo lo que no tiene cura. Esa es la tarea impostergable de las políticas públicas y de una sociedad que se precie de respetar la dignidad de toda vida humana.
