Mientras la cuestión de los narcopolíticos ha dado un duro golpe al régimen, otro frente ha mostrado una tremenda y dura realidad. El duro y demoledor informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que desnuda, con rigor y sin ambages, la magnitud de la peor crisis humanitaria que vive México en materia de derechos humanos.
Aprobado el 9 de febrero de 2026, el documento deja claro que la desaparición de personas no es un problema del pasado ni un asunto aislado, sino un fenómeno generalizado, estructural y actual. Según el registro oficial, existen más de 128 mil personas desaparecidas y no localizadas. Estimaciones independientes elevan a más de 70 mil los cuerpos sin identificar que permanecen bajo custodia del Estado. Las cifras reflejan una tragedia que ha destrozado familias enteras, que ha expuesto las fallas profundas del sistema de justicia y de búsqueda, y que sigue cobrando vidas en silencio.
El informe describe con crudeza cómo la desaparición se concentra en regiones como Jalisco, el Estado de México, Tamaulipas y el Corredor del Pacífico, donde el crimen organizado opera con frecuencia en estrecha connivencia con agentes estatales. Afecta de manera indiscriminada a niños y jóvenes reclutados, a mujeres y niñas víctimas de violencia de género y trata, a migrantes, a personas de la diversidad sexual, a defensoras de derechos humanos y a periodistas.
No se trata de casos excepcionales, familias enteras han sido diezmadas y quienes se atreven a buscar a sus seres queridos enfrentan riesgos mortales. Aunque el Estado mexicano ha reconocido a regañadientes la existencia de la crisis y de la emergencia forense, el documento subraya que, a pesar de las instituciones y normativas creadas desde 2018, persisten desafíos graves en prevención, acceso a la justicia y políticas de memoria. Las investigaciones son lentas, las denuncias se desestiman, la judicialización es mínima y la impunidad se reproduce de forma estructural.
Ante este panorama, la presidencia de la República ha respondido con un negacionismo explícito y calculado. La mandataria ha declarado públicamente que no coincide con algunas de las afirmaciones centrales del informe de la Comisión Interamericana, al tiempo que insiste en destacar los “avances” del gobierno federal y en promover una mayor coordinación con la propia Comisión.
En lugar de asumir la gravedad estructural de la crisis, se minimizan los hechos y se culpa al pasado, como si las desapariciones fueran un problema heredado atendido de manera suficiente. Esta actitud no solo ignora el dolor de miles de familias, sino que perpetúa la desconfianza profunda entre la sociedad y las autoridades. Mientras se anuncian mesas de diálogo y reformas, los cuerpos están acumulados en morgues, las fosas clandestinas proliferan y las buscadoras continúan arriesgando la vida sin protección efectiva del Estado.
La Comisión Interamericana, con una trayectoria de décadas acompañando la situación mexicana, recuerda que las desapariciones dejaron de ser exclusivamente políticas para convertirse en un flagelo masivo e indiscriminado. Desde el caso de Ayotzinapa hasta las audiencias públicas con familiares, el informe recoge testimonios desgarradores y evidencia cómo el Estado transfiere a las propias víctimas la responsabilidad de buscar y probar. La impunidad es el resultado de una debilidad institucional que permite que el crimen organizado actúe con total libertad.
Es necesario recordar la dignidad profunda de quienes han sido desaparecidos. Ellos son, en sentido real y teológico, el cuerpo de Cristo herido y torturado por la injusticia humana. Cada vida desaparecida revela el rostro mismo del Señor crucificado por los ídolos del poder, el dinero y la violencia. Dios es el primero que sale a buscarlos y los colectivos de familias se convierten en el cuerpo de Cristo resucitado que busca al crucificado. Tratarlos como meras cifras o como un problema administrativo es profanar esa dignidad sagrada, buscarlos con verdad y justicia es un acto de misericordia que restaura la humanidad de toda la sociedad.
Las familias de los más de 128 mil desaparecidos no piden discursos ni estadísticas, exigen verdad, y justicia. El informe de la Comisión Interamericana es un espejo incómodo. Ignorarlo no resuelve la crisis; solo profundiza la herida y la vergüenza. Es hora de que el negacionismo ceda paso a la acción real, a la reparación digna y a la voluntad política de enfrentar la verdad.
Repetir mentiras no hace desaparecer a los ausentes, sólo encubre que México, a nivel latinoamericano, es uno de los países más corruptos donde persisten altos niveles de violencia, una desconfianza abismal en las autoridades y una impunidad estructural que está agotando al Estado de Derecho.
