En un comunicado enviado a la redacción de Tribune Chrétienne, los abogados del cardenal Giovanni Angelo Becciu expresaron su «asombro» ante una grave deficiencia por parte de la Oficina del Promotor de Justicia.
El llamado caso del «edificio de Londres» se ha convertido en uno de los asuntos legales más delicados del Vaticano.
- Se originó en una compleja inversión inmobiliaria realizada por la Secretaría de Estado en una propiedad de lujo en Londres, que, a medida que se revelaban los detalles, se convirtió en símbolo de importantes pérdidas financieras, canales opacos y graves disfunciones en la gestión de los fondos de la Santa Sede.
- En el momento de los hechos, el cardenal Giovanni Angelo Becciu ocupaba un puesto central en la Curia Romana como Sustituto de Asuntos Generales de la Secretaría de Estado, un cargo estratégico que le otorgaba un papel clave en la administración de los asuntos generales.
- Frente a él se encontraba la Oficina del Promotor de Justicia, el equivalente vaticano de la fiscalía, responsable de la investigación y el enjuiciamiento.
- El 17 de marzo de 2026, el Tribunal de Apelación del Vaticano estableció una norma clara: todos los documentos relacionados con la investigación debían ser revelados a la defensa, sin posibilidad de selección.
- Un requisito fundamental destinado a garantizar el respeto al proceso contradictorio y la igualdad entre las partes.
Sin embargo, según los abogados Fabio Viglione y Maria Concetta Marzo, esta obligación no se respetó.
En su declaración, denuncian «la determinación mostrada por la Oficina del Promotor de Justicia», que «no respetó la orden del Tribunal de Apelación del Estado de la Ciudad del Vaticano del 17 de marzo de 2026». Reiteran que el Tribunal había «ordenado específicamente la presentación íntegra de todos los actos y documentos relacionados con la investigación, sin posibilidad de selección alguna».
El abogado del Cardenal subraya un principio fundamental: «el juez no puede examinar nada que no haya sido previamente puesto a disposición de las partes ».
- Sin embargo, afirman que el Promotor de Justicia ha incurrido en «omisiones» y ha optado por no presentar ciertos documentos, alegando «valoraciones de irrelevancia».
- En sus argumentos, los abogados denuncian no solo una «presentación incompleta», sino, sobre todo, una clara violación de la orden del Tribunal de Apelación.
- Según ellos, al examinar selectivamente los documentos presentados, la fiscalía «no puede decidir unilateralmente qué documentos tiene derecho a conocer la defensa », lo que constituye una infracción directa del derecho a la defensa, la igualdad de las partes y el principio de procedimiento contradictorio.
Van más allá al afirmar que «cualquier presentación parcial traiciona el significado de la orden» y «reintroduce el defecto ya censurado por el Tribunal» , con la posible consecuencia de «la nulidad de la citación para comparecer».
Esta postura surge en un momento en que la justicia vaticana está bajo un intenso escrutinio.
Inmersa en la evolución de sus prácticas, se enfrenta al reto de conciliar la eficacia de los enjuiciamientos con el estricto cumplimiento de las garantías procesales. En este caso emblemático, los argumentos del Sr. Viglione ponen de relieve una cuestión fundamental: la credibilidad del propio juicio.
Porque, más allá de los presuntos delitos, lo que ahora está en entredicho es la capacidad de la institución judicial para garantizar un juicio totalmente justo.
Por PHILIPPE MARIE.
CIUDAD DEL VATICANO.
JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026.
TCH.
