La decisión, hecha pública a finales de abril de 2026 por la justicia suiza, pone de relieve las persistentes tensiones entre las exigencias de cooperación judicial y la soberanía de la Santa Sede, en un contexto de continuas sospechas en torno a la gestión financiera del Vaticano.
El caso se remonta a 2019, cuando surgieron sospechas sobre la gestión de importantes fondos confiados a la Secretaría de Estado del Vaticano, uno de los órganos más influyentes de la Santa Sede.
- Varias inversiones, en particular en bienes raíces y vehículos financieros complejos como el fondo Centurión, suscitaron dudas sobre su idoneidad y seguridad.
- En un contexto en el que el Papa Francisco aboga por una mayor rigurosidad en el uso de los recursos de la Iglesia, estas revelaciones adquieren especial relevancia.
- El 19 de junio de 2020, la Secretaría de Estado presentó una denuncia contra su antiguo asesor financiero, Enrico Crasso, acusándolo de mala gestión de ciertas inversiones.
Mientras el Vaticano inicia su propio proceso judicial, Suiza también se hace cargo del caso.
- La fiscal Annina Scherrer tiene la tarea de examinar posibles irregularidades financieras. Como parte de esta investigación, desea interrogar a varios funcionarios vaticanos, entre ellos Alberto Perlasca y Edgar Peña Parra, figuras clave en la cadena de toma de decisiones.
- Sin embargo, surge un obstáculo importante cuando el Vaticano se niega a autorizar estos interrogatorios.
- En una nota del 30 de noviembre de 2023, la Secretaría de Estado invoca el principio de soberanía, reiterando que un Estado no puede realizar actos judiciales en el territorio de otro. No obstante, deja abierta la posibilidad de un procedimiento escrito, sugiriendo que las preguntas se presenten a sus autoridades sin confrontación directa.
Para el sistema judicial suizo,
esta respuesta del Vaticano
suscita inquietud.
fiscal considera
que la situación genera
un riesgo de conflicto de intereses,
ya que el Vaticano es a la vez demandante
en el proceso
pero al mismo tiempo…
es quien controla el acceso a los testigos.
Teme que quienes sean requeridos a responder puedan ser informados con anticipación sobre las preguntas o los hechos que se examinarán, lo que comprometería la integridad del proceso. Por lo tanto, opta por no presentar sus solicitudes, pues considera que su eficacia se vería comprometida.
- Pocos días después de adoptar esta postura, en diciembre de 2023, el tribunal vaticano emitió una sentencia de primera instancia en la que Enrico Crasso fue declarado culpable de algunos cargos y absuelto de otros, especialmente de los relacionados con el fondo Centurión.
- Sin embargo, esta decisión no zanjó las dudas, ya que el proceso parecía fragmentado y las responsabilidades difíciles de determinar.
- Es la reciente decisión de los tribunales suizos, hecha pública a finales de abril de 2026, la que ha reavivado el interés.
- Al desestimar el caso contra Crasso por falta de pruebas suficientes, las autoridades suizas concluyeron que la Secretaría de Estado debía considerarse un inversor sofisticado, plenamente consciente de las decisiones tomadas.
- Pero más allá de esta conclusión, es la falta de cooperación observada por parte del Vaticano lo que está atrayendo la atención y reavivando el debate.
- Desde el principio, el Papa Francisco ha presentado este caso como la revelación de una disfunción interna.
- Los acontecimientos recientes confirman que, a pesar de los esfuerzos por reformar las prácticas financieras de la Santa Sede, aún persisten algunas zonas grises.
En un mundo donde la credibilidad de las instituciones también se basa en su transparencia, la Iglesia se enfrenta a una creciente demanda de claridad. El caso de los fondos del Vaticano, lejos de estar cerrado, sirve como recordatorio de que la gestión de los bienes temporales conlleva no solo responsabilidades legales, sino también una dimensión moral que atañe al testimonio mismo de la institución.
Por QUENTIN FINELLI.
BERNA, SUIZA.
JUEVES 30 DE ABRIL DE 2026.
TCH.
