El Parlamento portugués ha aprobado una ley que prohíbe la exhibición de banderas «ideológicas, partidistas o asociativas» en las fachadas o el interior de los edificios públicos del país.
Esta medida, que afecta especialmente a las banderas arcoíris y otras banderas del colectivo LGBTQ+ , exige que todas las instituciones retiren cualquier símbolo no oficial en un plazo de 30 días desde su exhibición .
Este proyecto de ley, presentado por el CDS-PP (Partido Popular Demócrata Cristiano), fue aprobado el viernes 17 de abril en votación final, con el apoyo del Partido Socialdemócrata (PSD) y el partido soberanista de derecha Chega. El partido Iniciativa Liberal se abstuvo y todos los partidos de izquierda y extrema izquierda votaron en contra.
La nueva ley prohíbe expresamente la exhibición de banderas pertenecientes a movimientos ideológicos, partidistas o de protesta, asociaciones civiles o privadas (incluso las legalmente constituidas), clubes deportivos y causas temporales. También prohíbe las banderas extranjeras, salvo en actos diplomáticos o ceremoniales. Por lo tanto, a diferencia de otros países europeos, izar la bandera ucraniana en un mástil por motivos ideológicos es impensable.
De hecho, según la agencia de noticias Lusa, el objetivo principal era el despliegue de la bandera LGBTQ+ en edificios oficiales.
El ámbito territorial de la ley es vasto: incluye edificios públicos, tanto interiores como exteriores, en todos los niveles de administración, desde los órganos soberanos y la administración central hasta las regiones autónomas, las autoridades locales, las fuerzas armadas, las fuerzas de seguridad, los institutos y empresas públicas y las escuelas públicas del país, así como todos los mástiles que rodean los monumentos.
«Preservar la representatividad institucional, la imparcialidad política y el respeto por los símbolos del Estado».
El Partido Demócrata Cristiano del Pueblo justificó la medida argumentando que diversas entidades públicas exhiben banderas «no institucionales, asociativas, de protesta, ideológicas o circunstanciales» en edificios oficiales, en violación del «principio de neutralidad del Estado». La nueva ley tiene como objetivo «preservar la representación institucional, la imparcialidad política y el respeto por los símbolos estatales».
El incumplimiento de la nueva ley conllevará sanciones económicas que varían según la intención: entre 200 y 2000 euros por negligencia y entre 400 y 4000 euros por delitos intencionados. Estas multas podrán ser adicionales a las sanciones disciplinarias o administrativas.
JOAQUÍN DE ALBURQUERQUE.
LISBOA, PORTUGAL.
JUEVES 23 DE ABRIL DE 2026.
MEDIAS-PRESSE.
