Inmigrantes ilegales de Canarias han sido trasladados a al menos nueve ciudades españolas.

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El Sindicato Unificado de Policía (SUP) denunció ayer la llegada de 200 inmigrantes a Granada, procedentes del archipiélago canario, a los que dudaban de que se les hubiera hecho una PCR antes de viajar a la península. Sin embargo, fuentes policiales y de la Guardia Civil confirman a Libertad Digital que la lista de ciudades a las que los sin papeles habrían viajado en las últimas semanas es mucho más amplia.

Además de a Granada, los inmigrantes habrían sido trasladados también a Cádiz, Málaga, Sevilla, Alicante, Valencia, Zaragoza, Barcelona y Madrid. Todos ellos viajan en vuelos comerciales y en grupos de tamaño variable en función de la disponibilidad. Según el SUP, los que llegaron a Granada lo hicieron en tres aviones diferentes a razón de 75 personas en cada uno de ellos. A Madrid, sin embargo, la llegada es mucho más escalonada, pero constante.

Por otro lado, el sindicato denuncia que al menos 100 inmigrantes habrían llegado a Alicante desde el pasado viernes y más de 300 lo habrían hecho a Valencia, a dónde habrían viajado repartidos en un total de ocho vuelos. La gran mayoría procedían de Gran Canaria, pero también de Lanzarote y Tenerife. Además, según el SUP, se espera que otro grupo de inmigrantes aterrice en Valencia en otros cinco vuelos previstos para el próximo fin de semana.

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Por lo que respecta a Madrid, la llegada es mucho más escalonada, pero constante. Así, por ejemplo, uno de los últimos aviones que llegó a la capital lo hizo el pasado jueves por la noche —justo antes de que la Comunidad se cerrase perimetralmente hasta el próximo día 14— con cerca de una veintena de sin papeles. Una vez en tierra, según confirman a este periódico pasajeros de ese mismo vuelo, les esperaban varios miembros de la Cruz Roja. Este extremo vendría a confirmar las sospechas que el SUP ha planteado en las últimas horas: la ausencia de una mínima coordinación con las autoridades policiales que, según el sindicato, incrementaría los riesgos en caso de que no se les haya practicado una PCR en origen antes de viajar.

Escrivá acusa a los policías de xenofobia

Este martes, el ministro de Migraciones utilizó las redes sociales para acusar a los policías de xenófobos por el mero hecho de preguntar si se les había hecho esta prueba. «¿Por qué se levantan sospechas infundadas sobre inmigrantes cuando es conocido que los protocolos existentes garantizan que cualquier inmigrante llegando a costa es sometido por las autoridades sanitarias autonómicas a un PCR?», se cuestionó José Luis Escrivá. Sin embargo, los agentes denuncian que, con declaraciones como ésta, lo que se está haciendo es confundir a la población.

Efectivamente, cuando llegan a Canarias, los sin papeles son sometidos a una prueba en el mismo muelle. Sin embargo, después de 72 horas, todos ellos son derivados a hoteles o a otro tipo de alojamientos concertados por el Gobierno, donde quedan en total libertad en caso de dar negativo. Así, vecinos y empresarios de Gran Canaria han denunciado a Libertad Digital que los inmigrantes se mueven por la isla sin ningún control y a muchos de ellos, sobre todo argelinos y marroquíes, se les puede ver bebiendo alcohol en las terrazas de los bares. Precisamente por eso, lo que se pregunta el SUP no es si se les ha hecho una PCR al llegar a la isla, sino justo antes de abandonarla para ser trasladados a otros puntos de la península.

Campaña de descrédito del ministro

Ante la campaña de descrédito de las últimas horas, el Sindicato Unificado de Policía ha optado este miércoles por enviar una carta formal al ministro de Migraciones para defenderse de lo que consideran «una grave acusación» y solicitar una reunión formal. Según la misiva, a la que ha tenido acceso Libertad Digital, «demandar la aplicación de la legalidad y de medidas sanitarias en España no solo no es xenófobo, sino que se llama responsabilidad«.

En este sentido, el Sindicato Unificado de Policía recuerda que si se han suscitado dudas es precisamente por la «opacidad» de quienes «han permitido u organizado» estos viajes y por «la ausencia de cualquier documento acreditativo de la inexistencia de peligro de contagio».

Con todo, la secretaria general del SUP, Mónica Gracia, reclama al ministro que informe sobre «qué tipo de autorización se ha concedido, qué órgano de la Administración lo ha expedido y bajo qué amparo normativo en materia de extranjería se ha emitido al tratarse de migrantes indocumentados y sometidos al procedimiento administrativo correspondiente».

Asimismo, exige conocer «cuántos vuelos se han organizado o está previsto realizar en el futuro, sus destinos, número de migrantes embarcados, infraestructura prevista en las ciudades de acogida para su alojamiento, así como ONG participantes en estos planes».

Según la información que maneja el sindicato, «no existe control alguno sobre estos ciudadanos en situación ilegal en nuestro país». Por eso, reclaman al Gobierno que aclare si esto es así. «Ocultar los datos que demandamos sería un ejercicio de opacidad impropio de una Administración que debe explicar a la sociedad los pormenores de estos viajes y el riesgo que representan en plena pandemia», advierte la Secretaria General del SUP.

Además de a Escrivá, el sindicato también ha enviado una carta al ministro del Interior, reclamándole la misma información. En la misiva, los agentes recuerdan a Fernando Grande Marlaska que la Policía Nacional tiene asignadas «las competencias exclusivas en materia de extranjería y fronteras» y que, por tanto, es lógico que los agentes cuenten con esta información «para empezar, desde el punto de vista de la protección de su salud y de la promoción de las políticas de prevención de los riesgos laborales».

Con información de Libertad Digital/Sandra León
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