La Diócesis de Cancún-Chetumal hizo un “llamado enérgico” a todos los sacerdotes para que convoquen a sus fieles a manifestarse, “cívica y pacíficamente”, el 8 de diciembre, al mediodía, en el Congreso de Quintana Roo con la finalidad de defender “el derecho a la vida”.
La intervención de la Iglesia Católica responde a la demanda de las colectivas que componen la Red Feminista Quintanarroense (RFQ) por despenalizar el aborto hasta las 12 semanas de gestación.
La resistencia de las y los diputados a entrar al tema, discutirlo, dictaminarlo y someterlo a votación, las llevó a tomar la sede del Congreso estatal desde la noche del 27 de noviembre.
Frente a ello, el obispo Pedro Pablo Elizondo Cárdenas dirigió un escrito a todos los sacerdotes para convocar a sus fieles a manifestarse en el recinto legislativo y “no quedarse callados” ante las injusticias, “sobre todo si se trata de seres indefensos que se están gestando en el vientre materno”.
Las activistas tomaron la sede del Congreso del estado para exigirle a la XVI Legislatura el cese de simulaciones, pues desde el 2017 existen dos iniciativas que proponen modificaciones a la Constitución local y al Código Penal, una de ellas “desaparecida” y otra “congelada”; y en este año se presentaron otro par de iniciativas que tampoco han sido atendidas.
El pasado 16 de noviembre, integrantes de la Red entregaron al gobernador un pliego petitorio con 54 puntos con distintas demandas; 10 de ellas son competencia del Poder Legislativo y uno, exige que se discutan, dictaminen y sometan a votación las cuatro iniciativas para despenalizar el aborto.
El 25 de noviembre, a propósito del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, las colectivas anunciaron que montarían un plantón permanente afuera del Congreso, hasta que las y los 25 diputados entraran a la discusión y votación del tema.
Dos días después, tomaron la sede del Congreso. Para el 30 de noviembre, acordaron con el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política (Jugocopo), Gustavo Miranda, que se convocaría -ese día- a las comisiones de Justicia, Salud y Asistencia Social para dictaminar la iniciativa del diputado, José Luis Guillén.
El acuerdo incluyó que el 1 de diciembre ese dictamen sería sometido a votación como parte de los puntos de la sesión que se llevaría a cabo al mediodía.
Sin embargo, representantes de asociaciones civiles autodenominadas “pro-vida” y “pro-familia” se reunieron con el gobernador del estado, mismo lunes y le pidieron no ceder a “presiones violentas” de “movimientos radicales”, demandándole la defensa del artículo 13 de la Constitución estatal que reconoce el derecho a la vida desde la concepción.
Estas organizaciones también entregaron a Joaquín González, su propio pliego petitorio con 11 puntos, entre los que le solicitan pedir al gobierno mexicano que suscriba la Declaración del Consenso de Ginebra, signado por 20 países el 22 de octubre, en contra del aborto y a favor de proteger “el derecho a la vida”.
Le solicitaron impulsar la creación del Instituto Quintanarroense de la Familia y la aprobación de la nueva Ley de Educación que propone que se pida el consentimiento de madres, padres y tutores para decidir los contenidos educativos de corte moral o sexual, lo cual es un “pin parental” implícito.
Además, desean ser consideradas “consultores expertos” en foros, discusiones de iniciativas y comisiones creadas para atender la Violencia de Género, los temas de vida, educación y familia y que se promueva la adopción de infantes, solo si la pareja que adopta es formada por un hombre y una mujer, por ejemplo.
El encuentro entre el gobernador y las organizaciones próvida fue difundido por la propia Diócesis en sus redes sociales, ayer, cuando la Mesa Directiva del Congreso, presidida por el diputado, Eduardo Martínez Arcila -militante del Partido Acción Nacional (PAN)- suspendió hasta nuevo aviso la sesión programada para el mediodía.
El presidente de la Comisión de Salud, Edgar Gasca, siglado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), anunció la realización de un foro -el nueve de diciembre- que pretende reunir a colectivas feministas y al Frente Nacional por la Familia; médicos, personal de la Secretaría Estatal de Salud (SESA) y de la Fiscalía, académicas y especialistas, para abordar el tema.
El presidente de la Jugocopo, militante del Partido Verde (PVEM), indicó que todas las voces serán escuchadas y que el Congreso no puede legislar sólo para un grupo.
La Red Feminista dio por rotos los acuerdos y aseguró que las y los diputados intentan ahora eludir su responsabilidad para legislar, debido al costo político y la proximidad del proceso electoral 2021.
Con información de El Universal/Adriana Varillas
