En su intento de legalizar el aborto, el presidente argentino Alberto Fernández no sólo muestra la barbarie, sino también el infantilismo conceptual con el que pretende fundamentar el proyecto legal. Es que no hay modo de justificar el asesinato de los seres humanos más inocentes e indefensos de todos, sino a través de actitudes semejantes a las de los grupos de tareas que secuestraban y desaparecían personas en los regímenes dictatoriales que asolaron nuestros países hispanoamericanos.
¿QUIEREN QUE ESTO SEA LEY?
En nuestro anterior artículo, Legalización del Aborto en Argentina: Rockefeller y Hitler con rostro progresista, pudimos mostrar que el proyecto infanticida que quería implementar el gobierno nacional pretendía ser “nacional y popular, progresista”, pero en realidad tenía sus puntos de inspiración en las ideologías reaccionarias y antihumanas de la oligarquía plutocrática angloamericana, en extraña coincidencia con el racismo eugenésico del nazismo.
Pero el 17 de noviembre ppdo. el presidente Alberto Fernández anunció el envío del tan anunciado y postergado proyecto de ley de legalización del aborto en Argentina, con el engañoso título de “Regulación del Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y a la Atención post-aborto”, para su tratamiento en el Congreso Nacional.
Paradójicamente, el autoproclamado presidente “católico” pretende y propone que se discuta en el país la legalización del asesinato prenatal, en vísperas de la celebración de Navidad, cuando la grey cristiana celebra el nacimiento del Hijo de Dios. Prueba evidente, al igual que en todas sus “iniciativas”, la agenda le es impuesta por poderes superiores, a los cuales el mandatario argentino se somete como un corderito, con una tibia o nula oposición de la Iglesia jerárquica nacional y mundial, aunque de palabra lo disimule un poco.
Sin entrar en el análisis del proyecto en sí, la lectura del mensaje presidencial que acompañó la presentación del proyecto muestra claramente la pobre fundamentación conceptual y axiológica con la que se pretende justificar el derecho a matar al hijo, que es el corazón del proyecto. Es que no se puede justificar racionalmente de ninguna manera semejante barbarie, sólo puede sostenerse en afirmaciones sin razones que las justifiquen, solamente “porque sí”.
En primer lugar, el presidente abortista “católico” habla del “derecho a interrumpir el embarazo”, pero lo hace invisibilizando a la víctima de esa interrupción: la aniquila jurídicamente, la desaparece, niega conceptualmente su existencia. Lo hace para ocultar o encubrir que la interrupción del embarazo se logra asesinando al hijo en el seno materno, por eso el presidente ni lo menciona, porque tendría que reconocer que se trata de un crimen, porque desde el mismo momento inicial de la concepción la criatura gestada ya es persona, tal como lo afirma explícitamente la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) en el artículo 4, que tiene un estatus jurídico superior a las leyes nacionales, ya que se encuentra incorporada a la Constitución Nacional (artículo 75, sección 23)[1]. Y además el Código Civil y Comercial actualmente vigente define que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción” (artículo 19).
En otras palabras: el proyecto -derecho a matar al hijo- ya en esencia y desde el inicio es absolutamente violatorio de la Constitución Nacional.
En segundo lugar, relacionado con lo anterior, la figura propuesta por el proyecto es prácticamente similar a la repudiable desaparición forzada de personas, practicada por los grupos de tareas propios de las dictaduras militares: se niega el carácter de persona de la víctima, se la invisibiliza, se la elimina arbitrariamente y se le da un destino desconocido (que puede ir desde el descarte como residuo patológico o se lo vende como materia prima para su comercialización y manufacturación). Para poder abortarla, la víctima es convertida en una cosa ignorada, despreciada y aniquilada.
En tercer lugar, en una clara demostración de pensamiento infantil, el presidente Fernández pretende legalizar el crimen del aborto simplemente porque existe, pero al hacerlo da pie para legalizar todo tipo de crimen, porque también existen. Como si creyera que formula un pensamiento profundo, sostiene que criminalizar el aborto “de nada ha servido”, porque los abortos suceden (????). Pero el mismo criterio vale para las violaciones, para los asesinatos de mujeres en sus hogares, para los secuestros extorsivos, para las entraderas domiciliarias, para la trata de personas, para la pedofilia, etc. Pretende justificar la legalización del asesinato prenatal sosteniendo que a pesar de la ley se aborta, que la ley no ha impedido el delito, etc. Pero en realidad ninguna ley punitiva ha impedido delito alguno en la historia, su función y sentido es de castigar el quebrantamiento de la ley, no que la ley no se quiebre, porque en realidad sucede en todos los casos, no sólo en el aborto.
En cuarto lugar, se trata de un proyecto profundamente discriminador y racista: menciona que más de 3000 (tres mil) mujeres han muerto por abortos clandestinos en 36 años de “democracia”, y vuelve a ningunear y desaparecer a las víctimas que han sido asesinadas en ese mismo lapso, es decir, aniquila (las hace nada) a 7.200.000 personas abortadas (promedio de 200.000 anuales). Personas que según su “lógica” son en gran mayoría “hijos de pobres”, “hijos de negritos”, de “cabecitas negras”, en definitiva, vidas que no valen nada, a tal punto que ni siquiera las ha contabilizado.
En quinto lugar, presenta un nuevo rebuzno conceptual, creyéndose inteligente, ya que afirma que “los abortos ocurren en forma clandestina y ponen en riesgo la salud y la vida de las mujeres que a ellos se someten”, por eso el “dilema” no es “aborto sí o aborto no”, sino “abortos clandestinos o abortos legales”. Se supone que el presidente argentino es abogado, pero ignora que todos los delitos y crimenes son “ilegales o clandestinos”, justamente por lo que son. En realidad, encubre que la vida de las mujeres que abortan corren riesgo porque quieren matar justamente: si no quisieran matar no correrían ningún riesgo. Pero además, el mismo criterio se puede aplicar para todos los crímenes: todos ellos son delitos clandestinos-ilegales que ponen en riesgo la vida de mujeres y varones por igual y que muchas veces terminan necesitando atención médica. Pero a nadie se le ocurre pensar, por ejemplo, convertir a las violaciones en un problema de salud pública, no un crimen, para que en un centro de salud “capaciten a violar en forma legal, segura y gratuita”; o que se capacite a los ladrones en un centro de salud para “robar en forma legal, segura y gratuita” y así su vida no vaya a correr riesgos, etc.
En sexto lugar, al referirse al proyecto de ley “Programa de los 1000 días” que acompaña este mamarracho abortista, el presidente Fernández reconoce que el ser humano en el vientre materno ya es persona desde el momento mismo de la concepción: en ese Programa, se extiende a los 9 meses de embarazo el importe que se abona a cada mujer al estar encinta, pago que se denomina Asignación Universal por Embarazo (AHE). Quiere decir entonces que legalizar el asesinato prenatal en las primeras 14 semanas del embarazo es de hecho institucionalizar la pena de muerte para las personas más inocentes e indefensas de todas, porque “otra” no desea que exista.
En definitiva, violación del más sagrado de los derechos humanos, el de la vida, en nombre del “progreso y de la ampliación de derechos”, pero que en realidad es la institucionalización de la barbarie precavernícola, por obra y gracia del progresismo socialdemócrata que caracteriza al actual gobierno argentino, que pretende institucionalizar “en democracia” el mandato criminal y genocida de la oligarquía financiera internacional, depredadora y asesina, los verdaderos autores de este genocidio planetario plutocrático, pero ejecutado por sus siervos que no son Rockefeller ni Rothschild, sino simplemente Fernández. “Rockefeller impera y decreta, los Fernández -Alberto y Cristina- nos entregan”.
[1] “Toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción. Nadie puede ser privado de la vida arbitrariamente” (Artículo 4, 1); “No se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido” (Artículo 4, 3); “No se impondrá la pena de muerte a personas que, en el momento de la comisión del delito, tuvieren menos de dieciocho años de edad o más de setenta, ni se le aplicará a las mujeres en estado de gravidez” (Artículo 4, 5).
