La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones ordenó la libertad condicional inmediata de Gustavo Oscar Zanchetta, exobispo de Orán, condenado en 2022 a cuatro años y seis meses de prisión por abuso sexual agravado contra dos exseminaristas. Esta decisión no solo genera controversia, sino que también reaviva las heridas de quienes confiaban en que la justicia, al menos esta vez, sería capaz de proteger a las víctimas por encima de los privilegios eclesiásticos.
Zanchetta nunca supo lo que significaba estar entre rejas:
- Desde el principio, se le concedió arresto domiciliario en un convento,
- Luego la inusual autorización para viajar a Italia con el pretexto de recibir tratamiento médico,
- Y ahora, la libertad condicional que lo devuelve a la calle bajo unas normas de conducta meramente decorativas.
Un proceso judicial que deja claro que su sotana pesaba mucho más que las voces de las víctimas.
El caso marcó un antes y un después: por primera vez, un obispo argentino en funciones fue investigado y condenado por abuso sexual. Pero ese hito histórico se vio empañado por la impunidad con la que cumplió su condena. Mientras los sobrevivientes siguen soportando el dolor y el estigma, el ex obispo emerge prácticamente ileso, protegido por un sistema que parece diseñado para perdonar a los poderosos y castigar solo a los débiles.
La Iglesia lo protegió, los tribunales lo favorecieron y el Estado argentino quedó, una vez más, en deuda con las víctimas de abusos clericales. El caso Zanchetta es un reflejo brutal: cuando se trata de sacerdotes, obispos y jerarcas, la justicia argentina no es ciega, sino selectiva.
¿Dónde está, entonces, la retórica de «tolerancia cero» ante los abusos? ¿Qué mensaje reciben hoy las víctimas que denunciaron a Zanchetta y soportaron años de silencio cómplice? La respuesta es clara: en este país, la impunidad aún lleva sotana.
BUENOS AIRES, ARGENTINA.
SÁBADO 27 DE SEPTIEMBRE DE 2025.
ELTINTINERODESALTA.
