Buenos Aires, Argentina.- En medio de un contexto político marcado por el cambio político bajo la administración de Javier Milei, un grupo de organizaciones civiles, con acTÚa FAMILIA Argentina entre ellas, y respaldadas por cientos de entidades similares, ha elevado un reclamo urgente para influir en la designación del nuevo titular de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
Denuncian que la anterior gestión, a cargo de Marisa Graham –removida en mayo de este año–, promovió políticas que, según afirman, vulneraron los derechos parentales y priorizaron agendas ideológicas controvertidas, como protocolos educativos con enfoque «woke» aplicados desde la educación preescolar hasta la universitaria.
La controversia se remonta a más de dos años atrás, cuando las organizaciones cuestionaron la continuidad de Graham en el cargo, alegando una «ocupación ilegal» y una prórroga automática que generó polémica en el Congreso a inicios de 2025. Según los críticos, durante su mandato se impulsaron protocolos que sometieron la voluntad de los padres y su patria potestad, priorizando enfoques progresistas alineados con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, la cual ha sido criticada por sectores conservadores como una imposición globalista que erosiona valores tradicionales. «Estamos ante una oportunidad histórica que el gobierno actual debería aprovechar para revertir este rumbo», señala la delegada argentina de acTÚa FAMILIA, una plataforma cívica provida y profamilia inspirada en principios del humanismo cristiano, y liderada en el país albiceleste por Mary Suárez.
El proceso de selección del nuevo defensor o defensora se encuentra en marcha, bajo la supervisión de la Comisión Bicameral del Congreso, que ha realizado reuniones recientes –como las del 28 de agosto y 1 de septiembre– para avanzar en la evaluación de candidaturas.
En julio, se aprobó por unanimidad la creación de un Consejo Asesor para transparentar la elección, y se admitieron 224 postulaciones, con un plazo para impugnaciones que finalizó el 21 de julio. Sin embargo, las organizaciones civiles advierten que «colectivos enquistados en el poder» –heredados de administraciones anteriores– podrían influir en la decisión, perpetuando un enfoque que, a su juicio, favorece agendas pro-aborto y colectiviza la infancia en detrimento de la protección integral.
«Exigimos una defensora federal que defienda a los más indefensos, incluyendo al niño por nacer como futuro ciudadano de nuestra República», enfatiza Mary Suarez de acTÚa FAMILIA, en un comunicado reciente. Las asociaciones reclaman ser escuchadas en el proceso, presentando oposiciones a candidaturas con «dudosos antecedentes» y proponiendo perfiles que prioricen políticas públicas de amparo integral, desde la concepción hasta la adolescencia. «No se trata de ideologías, sino de cumplir con los requisitos básicos: proteger la vida y respetar la autoridad parental», agrega Suarez.
Este reclamo se enmarca en un debate más amplio sobre la niñez en Argentina, donde informes recientes destacan desafíos como la pobreza infantil –afectando a más de tres millones de niños– y la necesidad de un presupuesto adecuado para 2025, temas discutidos en el Congreso. Organizaciones como acTÚa FAMILIA, con presencia en redes sociales y alianzas internacionales, han intensificado su campaña a través de entrevistas y peticiones públicas, instando a los medios y al gobierno a no ignorar las voces ciudadanas.
Mientras la Defensoría permanece acéfala desde mayo, el llamado de estas entidades resuena como un grito por un cambio de paradigma: pasar de una gestión percibida como ideologizada a una centrada en la defensa incondicional de la vida y la familia. «El futuro de nuestros hijos está en juego», concluyen, urgiendo al gobierno de Milei a actuar con celeridad y transparencia para romper con el «rumbo nefasto» heredado.
