“Los abusos sexuales a menores se barrieron debajo de la alfombra. Y la resistencia a cualquier investigación externa fue algo extendido”. La Comisión Independiente sobre Abusos Sexuales Infantiles (IICSA, en sus siglas en inglés), un organismo financiado por el Ministerio del Interior británico, se ha centrado en su último informe en las prácticas de la Iglesia católica, minoritaria pero presente en un país protestante, durante las últimas décadas. El documento es el resultado del análisis detallado de lo ocurrido durante 45 años en las abadías de Ampleforth y Downside, y en sus correspondientes colegios de Ealing Abbey y St. Benedict, todos ellos en la archidiócesis de Birmingham. “Entre 1970 y 2015, la Iglesia Católica Romana recibió más de 900 quejas, en las que se relataban más de 3.000 casos de abusos sexuales a menores perpetrados sobre más de 900 personas que tenían relación con la Iglesia, incluidos sacerdotes, monjes y voluntarios”, relata la IICSA.
Muchos de esos casos acabaron en los tribunales civiles, con condenas firmes, pero el informe de la comisión se centra en la respuesta moral y efectiva ante los abusos de la jerarquía católica. En primera instancia, del cardenal Vincent Nichols, máxima autoridad en Inglaterra y Gales, y del propio Vaticano (incluida la época inaugurada por el actual Papa, Francisco). “La negligencia de la Iglesia a la hora de proteger el bienestar físico, emocional y espiritual de niños y jóvenes, a cambio de proteger su propia reputación, entró en conflicto con la misión de la institución de ofrecer amor y protección a los inocentes y vulnerables”, concluye el informe.
“Queda claro que la reputación de la Iglesia se puso por delante del bienestar de las víctimas. Se ignoraron las acusaciones y se protegió a sus perpetradores”, ha dicho Alexis Jay, la académica que dirige la IICSA desde 2015. “Incluso hoy, la respuesta de la Santa Sede entra en conflicto con la promesa del Papa de emprender acciones contra un problema tan importante”. El informe asegura que se pidió la colaboración en la investigación de la Nunciatura Apostólica en el Reino Unido (la representación diplomática del Vaticano), pero “su aportación de información fue muy limitada”, y después de varios meses de intercambios formales de cartas, la respuesta final fue que la Iglesia no aportaría una declaración como testigo en el documento final. “Al responder de este modo, la posición de la Santa Sede acabó siendo contraria a sus propias manifestaciones públicas, y perdió la oportunidad de demostrar su implicación y liderazgo en la lucha contra los abusos sexuales a menores”, denuncia el informe.
Los casos investigados implicaban episodios de “masturbación, sexo oral, y violación vaginal y anal, acompañados en ocasiones de golpes y otros actos de violencia». Acusa al cardenal Nichols de no haber asumido ninguna responsabilidad personal ni voluntad de promover cambios en las conductas, “ni de haber demostrado compasión alguna hacia las víctimas cuyos casos han sido investigados”. En un comunicado conjunto con el arzobispo de Liverpool, Malcolm McMahon, Nichols ha asegurado que “los abusos a menores son un acto maligno contra los más vulnerables, que nunca debe ser excusado o encubierto (…) Pedimos perdón sin ningún tipo de reserva, y estamos comprometidos a escuchar con atención las voces de todos aquellos que han sufrido abusos”.
El informe concluye con siete recomendaciones de buenas prácticas a la Iglesia Católica, que abarcan cuestiones sobre el ejercicio del liderazgo interno, revisión de procedimientos de respuesta ante futuros nuevos casos o redefinición de determinados hechos punibles del Derecho Canónico. Abogados defensores de algunas de las víctimas, como Richard Scorer, acusan a la IICSA de haberse quedado corta en sus sugerencias, y exigen la obligatoriedad legal de comunicar a la justicia los nuevos casos, e incluso de establecer un sistema externo de vigilancia de la protección de los menores que tengan contacto con la Iglesia.
Con infroamción de El País/Rafa de Miguel
