la Policía Federal de Brasil acusó al padre José Eduardo de Oliveira e Silva, de la diócesis de Osasco, en el estado de São Paulo, como parte de un grupo de 37 personas que incluye al expresidente Jair Bolsonaro, bajo sospecha de conspirar para abolir violentamente el estado de derecho democrático, conspirar para un golpe de estado y pertenecer a una organización criminal.
Según las autoridades, la publicación de la lista de imputados en el informe final de la investigación sobre el presunto golpe de Estado fue autorizada por el Supremo Tribunal Federal del país.
Las acusaciones se derivan de la investigación de la Policía Federal sobre un supuesto complot para asesinar al entonces presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva, a su vicepresidente, Geraldo Alckmin, y al juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. Militares y policías militares ya fueron detenidos en relación con la investigación.
A pesar del anuncio de la policía, el Ministerio Público no está obligado a seguir adelante con el procesamiento de las personas implicadas o de los presuntos delitos que se les imputan.
El abogado defensor del sacerdote, Miguel Vidigal, dijo a ACI Digital, socio de noticias en portugués de CNA, que “el comunicado de prensa de la Policía Federal con la lista de imputados es un abuso más de los responsables de la investigación, y publicarlo en el sitio web oficial de la policía contamina a toda la institución”.
“¿Quién autorizó a la Policía Federal a romper el secreto de las investigaciones? Hasta donde sabemos, el ministro Alexandre de Moraes decretó el secreto absoluto”, afirmó el abogado.
“Hasta el momento no hay ninguna decisión suya que anule tal determinación”, añadió.
“Menos de siete días después de haber dado su testimonio ante la Policía Federal”, el padre José Eduardo “ve su nombre impreso [en la lista] de la Policía Federal como uno de los inculpados por los investigadores”. Los mismos investigadores no han tenido reparos en violar la ley y los tratados internacionales al revisar las conversaciones y la dirección espiritual del sacerdote, que tienen la garantía de ser confidenciales, denunció Vidigal.
En febrero, el sacerdote fue objeto de una operación de allanamiento e incautación por parte de la Policía Federal, autorizada por el juez de la Corte Suprema Alexandre de Moraes. El sacerdote fue acusado de formar parte del “núcleo jurídico” del supuesto golpe de Estado, por el que también fueron investigados el expresidente Bolsonaro, asesores, aliados, militares y exministros de su gobierno.
Por Monasa Narjara.
CNA.
